En mayo del 2019, Susana Villarán fue internada en el penal “Santa Mónica” de Chorrillos para cumplir 18 meses de cárcel preventiva.
En mayo del 2020 se le cambió esa orden por la de arresto domiciliario durante 24 meses porque, según el Poder Judicial, las enfermedades que padece (lupus e hipertensión), “no son graves, pero al vincularlas al riesgo de contagio de Covid-19” podrían poner en riesgo su salud y su vida. A fines del 2022, el covid empezó a dejar de ser pandemia y en mayo del 2023 se decretó el fin de la emergencia sanitaria. Es decir, ya no hay peligro de contagio de covid. Entonces, ¿es justo que siga veraneando en una casa de playa en vez de estar en la cárcel?
Susana Villarán tiene 74 años, pero ni siquiera su edad se puede usar como argumento para afirmar que es una persona vulnerable si es recluida. Alberto Fujimori tiene 85 años y hubiera seguido en prisión si no se declaraba procedente el indulto que le concedió PPK en el 2017. Fujimori sufre de cáncer a la lengua, tiene males cardiacos y ha sido operado del corazón, a lo cual se suman problemas gástricos, de hipertensión, vasculares y quistes en el páncreas. Pese a todos esos males, al expresidente no le concedieron el arresto domiciliario ni siquiera durante la pandemia.
La exalcaldesa de Lima dio como domicilio la manzana, el lote y hasta la etapa donde está ubicada la vivienda del “asentamiento humano” de Nuevo Lurín donde cumpliría el arresto domiciliario. Cualquiera hubiera pensado que estaría en una casa humilde que se levanta en algún arenal de dicho distrito del cono sur. Todo indica que trató de demostrar modestia para causarles pena a los jueces, pues ahora se sabe que está viviendo en una lujosa casa de playa de cinco pisos y con piscina. El inmueble está a nombre de su hermano y por eso no puede ser embargado, conocida jugada en los casos de corrupción.
Así es, según un video difundido por Panorama, Susana Villarán veranea de lo lindo en la piscina de esa ostentosa propiedad, lejos de la celda que debería ocupar, como le corresponde a una persona que, presumiblemente, ha cometido delitos tan graves.
La exalcaldesa es procesada por haber recibido aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS por US$11.2 millones para sus campañas contra la revocación (2013) y por la reelección (2014). Ella misma lo ha admitido: “siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la revocatoria”. Incluso reconoció que ella y su exgerente municipal, José Miguel Castro, decidieron “procurar y aceptar los fondos de campaña”. Todo ello nos demuestra que la justicia no es igual para todos.Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
