El gobierno de Castillo es perverso, obra con maldad y es consciente de ello. Un ejemplo clarísimo es su proyecto de Asamblea Constituyente.
Es imposible modificar la Constitución por cualquier vía que no sea la prescrita por el artículo 206 de la Carta de 1993. Esto significa que una reforma parcial o total debe pasar primero por el Congreso de la República. Se requiere, así, una votación de 87 votos en dos legislaturas, o una votación de 66 votos más un referéndum. En cambio, el proyecto de ley sustentado por Aníbal Torres en su condición de presidente del Consejo de Ministros pretende convocar a los ciudadanos en un referéndum indebido, cuando debería tratarse de un plebiscito que no está contemplado en la legislación peruana; y quiere aprobar la modificación total con mayoría simple, lo cual es inconstitucional.
¿Por qué quiere el gobierno una Asamblea Constituyente? Según su propaganda porque “el pueblo lo pide”. Pero ese argumento es ridículo, los ciudadanos de a pie no tienen ni los argumentos ni la lógica jurídica para reclamar transformaciones constitucionales radicales; más bien quieren un buen gobierno, mejores condiciones económicas y mayor seguridad, cosa que las normas legales por sí solas no garantizan.
El oficialismo dice también que se requiere cambiar el régimen económico para –entre otros pretextos- “acabar con los monopolios”. Falso, no se necesita ningún cambio, el artículo 61 de la Carta vigente dice: “el Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”.
La verdadera pretensión es, entonces, la captura total del poder. Por definición, y tal como ha ocurrido en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, una Constituyente genera un espacio de poder absoluto. De imponerse tendría primacía total, desaparecería al Congreso actual, se gobernaría según el interés del Ejecutivo por un tiempo no precisado y se aprobarían cambios estructurales destruyendo la república liberal y democrática para convertirnos en un Estado plurinacional, es decir un archipiélago de autonomías étnicas sin criterio nacional unitario. Con eso se abortaría todo lo avanzado en doscientos años de vida independiente para adentrarnos en el proyecto de la “patria grande” socialista, dentro del cual se desdibujan las fronteras patrias y pueden ocurrir traiciones como la advertida sobre darle salida soberana al mar para Bolivia a costa del territorio peruano. El caos sería terrible, tal como se ve ahora precisamente en la propuesta de modificación constitucional chilena.
Castillo y su régimen comunista (controlado desde atrás por Cerrón y los cubanos) quieren controlarlo todo. Para ellos haber llegado al gobierno por vía electoral es apenas una “pelotudez democrática”. El poder, en su concepción lo es todo, nada puede quedar librado de su manipulación, ni siquiera la prensa y la iglesia.
En fin, los argumentos para trapear con el proyecto constituyente ya están dados. En el documento presentado por Aníbal Torres con seguridad irá a parar en el archivo y sus intervenciones verborreicas irán a la basura. Pero hay que tener cuidado: Castillo, desde su condición de astuto sindicalista y hombre de deshonor, seguramente tratará de soliviantar al pueblo diciendo “¿Ya ven?, los congresistas impiden el cambio, no quieren un buen gobierno”. Y entonces buscará alcanzar su gran objetivo: cerrar por la fuerza el Parlamento. Estemos prevenidos, solo la lucha democrática y patriótica sostenida podrá librarnos de caer en las garras del comunismo.
(*) Analista político
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