El último miércoles, en la sala “Raúl Porras Barrenechea” del Congreso se realizó un encuentro con alcaldes de Lima Metropolitana y la Policía Nacional. Era una buena oportunidad para que el ministro del Interior, Víctor Torres, se ponga al tanto, de fuente directa y en forma detallada, de los problemas en seguridad ciudadana de los distritos de Lima. Sin embargo, no asistió a la cita. En las redes sociales ironizan que seguro estaba cuidando a Dina Boluarte o “buscando” a Vladimir Cerrón. No le falta razón al sarcasmo.
Según la cuenta de X del Ministerio del Interior, el miércoles, el día que lo esperaban en el Congreso, el titular de dicha cartera participó en un acto protocolar y recibió en su despacho a dos congresistas y la alcaldesa de un distrito del Cusco. Tal vez ya tenía agendadas dichas actividades y por eso no asistió a la reunión en el Congreso. Tal vez.
La inseguridad ciudadana es un problema complejo que tiene que ser abordado desde distintos frentes y uno de ellos es la planificación. Lamentablemente, los planes de seguridad ciudadana parecen tesis universitarias, que ya sabemos lo esquemáticas y engorrosas que son debido a las metodologías académicas que exigen las universidades. Un ejemplo, el más reciente, es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). Este documento, que consta de 124 páginas, es firmado por el entonces ministro del Interior, Carlos Morán, recientemente denunciado por la Fiscalía de la Nación por presunto aprovechamiento del cargo, delito que habría cometido durante el gobierno de Martín Vizcarra.
El último Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que fue aplicado en el 2023 tenía datos estadísticos del 2013 al 2017, ni siquiera de los dos años anteriores. El crimen evoluciona y, por lo tanto, en los últimos años tuvimos una realidad muy distinta. Es imposible que un plan tan desfasado tenga éxito. Aparte de lo pomposo e intrincado de su estructura, que hace difícil su lectura y comprensión, el plan tiene claves conceptuales en sus objetivos: 1) Reducir el crecimiento de la tasa de homicidios, 2) Reducir la tasa de fallecidos en accidentes de tránsito, 3) Reducir la violencia contra los grupos en situación de vulnerabilidad, 4) Reducir la victimización por robos y hurtos en espacios públicos. 5) Reducir la victimización cometida por bandas criminales hacia las personas naturales y jurídicas. ¿Reducir solo la tasa de fallecidos por accidentes de tránsito? ¿Los accidentes sin fallecidos? ¿Y los accidentes con heridos? En la próxima columna seguimos con este interesante tema. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
