Decía un antiguo profesor universitario de Técnicas y Método de Estudio que cuando se va a dar un examen, lo primero que hay que pensar es en que “no está en juego la vida”. Es cierto, en la mayoría de las circunstancias apremiantes no hay riesgo de muerte y, si tropezamos y nos caemos, tenemos la oportunidad de levantarnos. Pero para que no esté en peligro la vida es necesario tener buena salud. Por eso, la prioridad del próximo gobierno será la salud, lo que implica buena alimentación y atención médica oportuna y adecuada en hospitales bien equipados, donde las colas no empiecen desde la noche anterior o las citas no sean para después de varios meses, cuando ya es demasiado tarde porque la enfermedad avanzó y llegó la muerte.
El profesor Pedro Castillo ha dicho que lo primero será la salud y después la economía. Se refirió más propiamente a las vacunas contra el COVID, pues en estos tiempos sí está en riesgo la vida y hay que darle prioridad a la inmunización de la población, la atención médica de las personas contagiadas en estado grave y las medidas de bioseguridad para seguir conteniendo la propagación del virus. Para que haya buenos hospitales, suficientes equipos médicos y enfermeras, necesitamos también una economía saludable, que salga de ese estado de “cuidados intensivos” en que se encuentra debido, justamente, a la pandemia. La economía, por lo tanto, tiene que ir a la par con la salud.
La revista médica británica The Lancet acaba de publicar un estudio científico cuyos resultados dejan al descubierto una caótica realidad. Perú es el país con la tasa más alta de niños que perdieron a su padre, madre o abuelos apoderados debido al COVID, incluyendo muertes asociadas y otras causas indirectas como el encierro y el limitado acceso a la atención en salud. ¿Qué significa eso? Que el Perú es el país que, cuando llegó la pandemia, tenía la peor atención médica en centros de salud públicos en el mundo. Esa es la razón de tantas muertes.
Hay tres causas principales de esta terrible situación: ineficiencia, desidia y corrupción. Ayer mismo fue desbaratada una mafia que cobraba 82 mil soles por una cama UCI en el hospital Almenara. ¿Fueron funcionarios de EsSalud quienes denunciaron el hecho? No. Un paciente tuvo que dar cuenta de esta red de traficantes ante la Policía y la Fiscalía para que se sepa lo que estaba ocurriendo. Vergonzoso e indignante, ante tal hecho debe de caerles todo el peso de la ley a estos “buitres de la salud”, para acabar de una vez por todas con estos inhumanos seres. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
