El caso de los “mochasueldos” o “robasueldos” permite sacar conclusiones sobre el accionar del actual Congreso respecto a los anteriores ante una situación similar. Las decisiones que tomaron las Comisiones de Ética de una y otra gestión constituyen un indicador de la tabla de valores éticos, del criterio para discernir lo bueno y lo malo, del juicio para diferenciar la decencia de la indecencia, todo eso que tiene que ver con los valores morales. ¿Qué gestión obró con mayor corrección y justicia que otra? Un análisis retrospectivo nos permitirá encontrar la respuesta.
En el 2013, al comprobarse que el parlamentario Michael Urtecho se apropió de parte del sueldo de sus trabajadores, en el Congreso lo denunciaron por los delitos de apropiación ilícita, asociación Ilícita, colusión, peculado, negociación incompatible, enriquecimiento Ilícito y malversación de fondos. Urtecho fue destituido e inhabilitado, le abrieron un juicio a él y a su esposa, y ambos están a punto de ir a prisión. Su pesadilla aún no termina.
¿Pero qué hizo la Comisión de Ética del actual Congreso respecto al caso de los “mochasueldos”? Ni siquiera se decidió aprobar la inhabilitación de 120 días que alguien propuso. Solo se impuso una multa y una amonestación. Además, se decidió que el informe no sea enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es decir, un “blindaje” absoluto.
En anteriores gestiones del Congreso no solo Urtecho y José Anaya, el llamado “Comepollo” —condenado a cinco años de prisión por un delito menos grave que robar sueldos a sus trabajadores—, fueron tratados con mano dura. Hay muchos otros casos que demuestran que en el actual Congreso eso de “hoy por ti, mañana por mí” y “otorongo no come otorongo” está más vigente que nunca.
Tenemos, por ejemplo, el desafuero y condena de dos años de prisión suspendida a Alejandro Yovera, por consignar información falsa en su hoja de vida. También a Rocío González, la “Robaluz”, destituida del Congreso y sentenciada a cuatro años de prisión suspendida por robar energía eléctrica del Estado.
Además, a Elsa Canchaya, que fue desaforada del Congreso y sentenciada por el Poder Judicial debido a irregularidades en la contratación de su empleada del hogar. Y a Tula Benites, desaforada por contratar a una empleada fantasma.
En todos estos casos de Poderes Legislativos anteriores se actuó con mayor imparcialidad, severidad y justicia, sin mano blanda, condescendencia ni cálculo político. En el actual Congreso no ocurre lo mismo. ¿O sí? Saquen ustedes sus conclusiones. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
