Amnistía Internacional ha emitido informe respecto a su perspectiva en materia de Derechos Humanos, en el ámbito de nuestro continente.
No me referiré a sus afirmaciones y comentarios respecto a otros países, por no ser de nuestra incumbencia, pero si centrarnos en sus diversas apreciaciones respecto al cumplimiento de los Derechos Humanos en el Perú.
Menciona el informe que 03 personas fallecieron en el primer semestre de 2022 y por lo menos otras 22 en los últimos días de diciembre pasado, como consecuencia de las marchas y concentraciones de protesta habida cuenta de la crisis política originada en la destitución de Pedro Castillo de la Presidencia de la República, muertes atribuidas a la Policía.
Sin embargo el informe omite señalar que la destitución de Pedro Castillo fue por haber intentado un golpe de Estado con cierre del Congreso, lo que ameritaba su vacancia del cargo en cumplimiento de las normas de la Constitución vigente.
También omitió señalar que cuando hay declaración de Estado de Emergencia, se suspende el derecho a las reuniones pacíficas y sin armas, y que las manifestaciones en cuestión lo fueron transgrediendo la orden constitucional y zurrándose los manifestantes en el Decreto Supremo de suspensión de algunos derechos constitucionales como el de reunión.
Del mismo modo el informe aludido sugiere la responsabilidad de la Policía Nacional en las muertes mencionadas, pero olvida decir que la autoridad reaccionó ante la violencia y agresión de los manifestantes y de que hay fundadas sospechas que hubieron infiltrados en las marchas que fueron los que perpetraron delito contra la vida en agravio de algunos marchantes.
Menciona Amnistía Internacional que hubo asesinato a tres defensores de los Derechos Humanos, sugiriendo que ello es de responsabilidad del Estado, pero sin ninguna investigación que respalde su dicho.
Expresa mortificación sobre un proyecto de ley que pone en riesgo al “aborto”, pero nada dice que el principal bien tutelado por los tratados de Derechos Humanos y la Constitución del Perú, es la vida de las personas.
Acusa al Estado Peruano de frenar en la educación, lo relacionado a lo sexual y a la diversidad de género, omitiendo por supuesto expresar que el Estado debe velar por la calidad educativa, que solo hay dos sexos que se acreditan en el nacimiento y que el famoso “enfoque de género” es una falacia que no se debe permitir en la educación de los menores.
Imputa a la autoridad gubernamental autorizar obras de infraestructura y de ejecución de estudios extractivos sin el consentimiento previo de las comunidades nativas afectadas. Empero olvida que el interés general es superior al particular y que los derechos de todos deben prevalecer sobre los supuestos derechos de unos cuantos. Más grave aún en la omisión de que las obras en cuestión tienden al bienestar de toda la población.
Alude el informe a la falta de protección de los migrantes, ignorando que el Perú ha acogido a más de un millón de venezolanos que huyeron del yugo de Nicolás Maduro, buscando otros horizontes evidentemente más alentadores. Como es fácil advertir, más que Amnistía Internacional, estamos frente a un informe que podría calificarse como FALSEDAD INTERNACIONAL.
(*) Expresidentre del Consejo de Ministros
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