En el historial de la delincuencia común en el Perú, siempre hubo carteristas, escaperos, monreros, robacarros, asaltabancos, etc., en algunos lugares más que en otros y en algunas temporadas más que en otras. Pero nunca, como ahora, las ciudades fueron acosadas por dos delitos asociados y cuya característica es usar como arma de intimidación el terror. Nos estamos refiriendo a la extorsión y el sicariato. “Si no pagas el cupo, le lanzamos una bomba, te secuestramos o te matamos”, amenazan estos facinerosos en sus mensajes. Y lo cumplen, como ocurre con frecuencia en San Juan de Lurigancho.
Tal es la gravedad de la situación, que el Gobierno se ha visto en la necesidad de declarar el estado de emergencia en este distrito, así como en San Martín de Porres y Sullana (Piura), que también son aterrorizados por la extorsión y el sicariato, modalidades delincuenciales que afectan incluso a bodegueros, vendedores ambulantes y mototaxistas, quienes tienen que pagar un cupo todos los días para que los dejen trabajar. De lo contrario, les lanzan una granada o un cartucho de dinamita como advertencia. Y si la amenaza no surte efecto, les “mandan la moto”, es decir, los asesinan.
Por esta razón, muchos emprendedores se quedaron en el camino, sin capital y desmoralizados, sin posibilidades de continuar con sus negocios, derrotados. La extorsión y el sicariato, entonces, le está haciendo mucho daño a la economía del país, a la esperada reactivación y al bienestar de miles de familias.
La decisión de declarar en emergencia determinadas jurisdicciones permitirá, principalmente, que soldados del Ejército apoyen a la Policía en el patrullaje de las calles y, además, que se permita a la autoridad ingresar a un domicilio, sin autorización de un juez, para detener a un delincuente. La medida se tendrá que complementar con otras acciones, pero por algo hay que empezar.
Si bien los aspectos estratégico y operativo son fundamentales en la lucha contra la delincuencia, también es necesario avanzar en el tema legal. Varios alcaldes están pidiendo que la extorsión y el sicariato sean tipificados como terrorismo urbano, lo cual permitiría que se incrementen las penas para estos delitos y se creen unidades operativas especializadas para combatirlos.
Es hora de que el Ejecutivo y el Legislativo, entiendan la gravedad del problema. Es necesario que los sicarios y extorsionadores, que usan explosivos para amedrentar, sean considerados como terroristas y juzgados como tales. El país no se puede seguir desangrando por culpa de estos salvajes. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
