En julio del 2021, el gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, prohibió por 90 días los conciertos, mítines, eventos deportivos con público y fiestas patronales. Pero no lo hizo para luchar contra la pandilla de los “Mara Salvatrucha”, sino para contener el avance del covid. En marzo del 2022, Bukele decretó el régimen de excepción, entonces sí para combatir al crimen organizado, pero no prohibió los eventos sociales y espectáculos nocturnos, como sí lo ha hecho el gobierno peruano en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana (Piura). Miles de personas se ganan la vida trabajando en dichos negocios, por lo que se quedarían sin fuentes de ingresos.
Desde los vendedores de chicles, caramelos y cigarrillos en las puertas de los locales de fiestas, discotecas, bares y otros, hasta los empresarios que contratan a las orquestas, verán reducidos sus ingresos, lo que los perjudicará no solo a ellos, sino también a muchos otros trabajadores de actividades afines o conexas.
El problema es que precisamente los empresarios dedicados a organizar estos eventos y los dueños de las orquetas musicales se encuentran entre las principales víctimas de los extorsionadores y sicarios, quienes ya han hecho estallar explosivos en discotecas y otros locales. Pero no solo los atacan a ellos, sino también a dueños de colegios, farmacias, pollerías y otros establecimientos que no necesariamente funcionan solo en la noche.
Precisamente, los atentados con explosivos contra discotecas en San Juan de Lurigancho permitieron a las autoridades gubernamentales darse cuenta de la gravedad del problema de la extorsión y el sicariato, lo cual las llevó a decidir declarar el estado de emergencia. Es decir, por proteger a los dueños de discotecas, les cierran sus negocios, lo que los ha dejado en una situación verdaderamente alarmante.
Ahora bien, los ataques contra locales que funcionan durante el día demuestran que dicha modalidad delincuencial no se circunscribe al mundo de las discotecas y los espectáculos en general, sino que se trata de un problema mucho más complejo. También cobran cupos a ambulantes, mototaxistas y dueños de humildes bodeguitas de barrio, por cierto.
De tal manera que las autoridades deberían reconsiderar la prohibición de espectáculos nocturnos y darle la importancia debida al trabajo de inteligencia para identificar, encontrar y capturar a los extorsionadores y sicarios. Cuando se quiere combatir un cáncer no solo se curan las heridas poniendo curitas, pues es necesario atacar el origen del mal y hacer una operación de inteligencia profunda para desmantelar estas bandas criminales que tanto daño le vienen haciendo al país. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
