Es indudable que, desde el año pasado, el Perú vive una aguda polarización política. El ascenso de Castillo al gobierno fue un hecho controversial, de objetiva naturaleza política. Así mismo, el conflicto inmediatamente desatado hasta el día de hoy, ha tenido una indudable impronta política.
Sin embargo, a raíz de la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscal de la Nación, la coyuntura ha mutado de lo político a lo jurisdiccional. A partir de entonces, las entrevistas, opiniones y movidas sólo versan sobre las inextricables cuestiones jurídicas y sus inverosímiles posibilidades. Anuncia una tremenda contienda papelera: pletórica de recursos legales y frondosa retórica procesalista. ¿Qué consecuencias tendrá este giro para el desenlace de las contradicciones que remecen al país?
La interrogante resulta pertinente, porque pocos advierten la deriva hacia otro escenario, donde la confrontación política (la asamblea constituyente, por ejemplo), cede el paso al debate jurídico-procesal. Y, por lo tanto, en vez del brío y la agilidad de las maniobras políticas, siempre sorprendentes, tendremos el tedio exasperante de las ampulosas liturgias judiciales. Esto crispará a muchos. ¡Qué duda cabe! Pero siendo la impotencia política y la poca valía de sus representantes el origen de este curso, no caben quejas. Más bien, habrá que soportar con estoicismo su lógica dinámica. En metáfora sencilla: si asumimos jugar al fútbol, no aplicaremos las reglas del básquet.
Pero existe un peligro mayor que las dilaciones infinitas. En la medida que el antagonismo político no desaparecerá, la tentación de torcer lo normativo, sacándole la vuelta a su sentido prístino, se tornará en una inminente amenaza. De esta manera, con descaro y sin escrúpulos, el adverbio sólo del 117º constitucional se leerá como además o también, para así dar paso a la denuncia de la Fiscal. Esto equivale a meter gol con la mano, y ¡validarlo impunemente! Se olvida que toda interpretación jurídica es acotada y no puede contradecir la literalidad objetiva. Lo contrario trastoca la hermenéutica en un subjetivismo voluntarista y arbitrario. La convierte en una vil coartada para justificar lo más antojadizo y sirve a cualquier causa.
Hasta ahora la lucha contra Castillo y su régimen se ha ventilado por cauces democráticos y constitucionales. Jamás se llamó a los cuarteles y las movilizaciones multitudinarias fueron plenamente pacíficas. Por lo tanto, no debemos festinar la juridicidad, incluso para librarnos de la pesadilla. Relativizar los valores y principios encarnados en el régimen constitucional, resultaría letal para nuestras convicciones éticas. Nos acerca al nihilismo caviar, donde “todo es posible y nada es verdad”. Y sin fe –esa que “mueve montañas– careceremos de la fuerza para defender la República y la forma de vida democrática.
(*) Constitucionalista
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