Hoy teníamos pensado tratar solamente el tema de la conducta de la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, la fujimorista Martha Moyano de la agrupación política Fuerza Popular, pues esa comisión habría aprobado recientemente el retorno a la figura de la elección de candidatos a presidente, vicepresidentes, congresistas de la República, entre otros, a través de la modalidad de delegados, dejando a un lado el modelo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que aún se encontraría normativamente en vigencia, pero cuya aplicación se venía postergando, debiendo ese asunto pasar ahora al Pleno del Parlamento Nacional.
Pero la mañana del lunes 27 de noviembre comenzó con la noticia de la detención preliminar de tres asesores de confianza de la actual fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, siendo el principal detenido Jaime Villanueva Barreto, quien anteriormente habría ocupado en el Ministerio Público el cargo de gerente de la Escuela de capacitación de la fiscalía (Escuela del Ministerio Público) durante la gestión del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.
Definida tal noticia como un “terremoto” en el Ministerio Público, sucede que habría graves “réplicas” tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Poder Legislativo, pues la detención preliminar de los asesores de la fiscal de la Nación se da porque éstos habrían operado para beneficiar a Benavides Vargas, cometiendo actos de tráfico de influencias, dentro de una presunta organización criminal encabezada por la misma fiscal de la Nación.
Para empeorar la situación de la todavía fiscal de la Nación, ésta no dudó en remover a la fiscal a cargo de la investigación contra tal presunta organización criminal, Marita Barreto Rivera, de paso que salió en una especie de “mensaje a la nación” diciendo que presentaba una denuncia ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por los asesinatos cometidos durante las protestas sociales pasadas.
Y sucede que el tráfico de influencias implicaría a numerosos congresistas de la República en funciones, pues habría sido ejercido para influir en las decisiones de los congresistas, en al menos tres oportunidades: para promover la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del Defensor del Pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Tales votos habrían sido a cambio de archivos de investigaciones fiscales en contra de los congresistas.
(*) Analista politico
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