¿Qué garantía de justicia puede tener el Perú con una Junta Nacional de Justicia (JNJ) -así llamada- cuyos integrantes violan impunemente la Constitución y su propia ley orgánica y el respectivo reglamento, frente a un Congreso lleno de corrupción e ignorancia que hasta ahora no atina a su destitución? Y la JNJ pone y quita jueces y fiscales.
¿Qué garantía de justicia tenemos en el Poder Judicial donde, como ocurre en el propio Ministerio Público, el ejercicio de esta se dirime entre verdes -así llaman a los honestos- y comerciales -como denominan a los corruptos- siempre atentos a la coima y la presión política o mediática y que se ha vuelto, gracias a los comerciales, experto consuetudinario en dictar medidas cautelares políticas y no jurídicas y en expedir sentencias en función a los intereses subalternos que defienden?
¿Qué garantía de justicia tenemos cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manejada a su antojo por la Organización Mafiosa Caviar (OMC), se ha convertido en la quinta instancia del Poder Judicial peruano manipulando a su antojo fallos de suma importancia, validando permanentemente a los terroristas -hasta les ha otorgado millonarias reparaciones civiles- violando nuestra Constitución y nuestras leyes y excediéndose en sus funciones?
Es cierto que frente a una resolución írrita como la que acaba de expedir dicha Corte oponiéndose a la liberación de Alberto Fujimori su única herramienta coercitiva es acudir a la desprestigiada Asamblea General de la OEA que nada puede hacerle al Perú como nada pudo hacer frente a otras sentencias igualmente rechazadas por los gobiernos de Chile y Argentina, entre otros, por la violación de su propia soberanía.
Pero ya es hora de poner en su sitio a la osadía, prepotencia y manipulación de la OMC que a través de su red mediática en oportunidades convence a importantes sectores de la opinión pública sobre sus atropellos que se extienden hoy a la suspensión de la Fiscal de la Nación en una violación flagrante del debido proceso: según una reciente encuesta, el 63 por ciento de los desinformados encuestados creen que es responsable del delito de tráfico de influencias y de encabezar una organización criminal, cuando hasta ahora no se presenta una sola prueba fehaciente y válida sobre la materia.
El Perú debe, como primera medida, denunciar ante la Asamblea de la OEA la desviación y caída del sistema interamericano en manos de la OMC y, si no se toman medidas correctivas en un plazo prudencial, retirarse de dicho sistema que hace largo tiempo ha perdido toda imparcialidad.”
(*) Presidente de Perú Acción Presidente del Consejo por la Paz
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