Dos meses después de lanzado el ataque subversivo contra el Perú, falta mucho para lograr la pacificación. La herida gravísima del asesinato de siete policías en el VRAEM sigue abierta y reclama venganza dentro de los procedimientos legales de la represión del estado.
Igualmente, el desastre infligido a ciudades importantes como Cusco, Juliaca y Puerto Maldonado, entre otras, exige programas sostenibles de reparación; y la intervención boliviana en el plan secesionista de Puno justifican una retaliación dura contra el gobierno de La Paz, cuyos intereses en el altiplano deben ser golpeados con inteligencia y dureza singular, puesto que se trata de lavar el honor del Perú y prevenir que rebrote la conspiración contra la integridad territorial de nuestra patria.
Forzado por las circunstancias, así como por una opinión pública enardecida, el gobierno de Boluarte y Otárola ha empezado a adoptar medidas mínimas de coordinación anti subversiva, pero está lejos de empoderar al mando unificado del Comando Conjunto de las FF.AA. y la Policía Nacional. Por ejemplo, el esquema de acción conjunta aprobado para Puno debería replicarse en gran parte de la República para militarizar la administración de un Estado en el cual no se puede confiar en las decisiones de gobiernos regionales que se sumaron a la escalada de violencia.
En el entendimiento de que la lucha contrasubversiva será larga, urge, además, la creación de una Fuerza de Tarea o comando de alto nivel político – militar y de inteligencia dedicado únicamente a combatir en el campo y la ciudad al llamado Militarizado Partido Comunista (Sendero Luminoso) y al ML 19 (ex MRTA); cortar las rutas de abastecimiento y financiamiento del narcotráfico (vía reedición de acciones como la Operación Patriota); y el reforzamiento del frente externo (con acciones diplomáticas tradicionales, pero también de diplomacia pública, para contrarrestar la arremetida del Foro de Sao Paulo y el Runasur, así como para desmontar la extorsión de la red de ONG que trafican con los DD.HH.).
Y dada la imposibilidad de un adelanto de elecciones generales, Boluarte debería aprovechar sus reuniones con los partidos de oposición para lograr tres objetivos mínimos: pactar condiciones elementales de gobernabilidad hasta el 2026; coordinar el avance en las reformas políticas y electorales; y, acordar un marco legislativo extraordinario que permita la represión enérgica contra la subversión y el terrorismo, dando garantías de tranquilidad a los efectivos militares y policiales que deban usar sus armas de reglamento.
Por fin la Nación entiende que es una patraña el pedido de elecciones anticipadas, que se vayan todos y Asamblea Constituyente; y que el enemigo terrorista despliega una guerra no convencional desde una conspiración internacional contra el Perú.
Por tanto, reclamamos unidad mínima de los actores políticos para preservar la seguridad interna y la defensa nacional. Eso no implica que cada grupo deje de lado sus aprestamientos electorales a futuro, pero hoy, quienes se opongan a un esquema de trabajo coherente, deben ser denunciados como traidores a los intereses permanentes de la patria. Por lo demás, en el caso de Dina Boluarte, está claro que, si no avanza en gobernar realmente con decisión y entereza, o si se deja chantajear por eventuales juicios por temas de derechos humanos, que se vaya y deje el cargo en manos del general Williams, de acuerdo a la sucesión constitucional.
(*) Analista Político
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