Contra la voluntad de una buena parte del Congreso, los ciudadanos tenemos el derecho de desenmascararlos recordándoles que el interés público existe.
Este concepto hace referencia al conjunto de acuerdos básicos referidos a la satisfacción de necesidades específicas de una comunidad política. Se trata de una pluralidad de expectativas concretas, cuya verificación permite que todas y cada una de las personas puedan desenvolverse y alcanzar su plena realización coexistencial.
Dicho interés plantea la base y el fundamento para la acción político-administrativa del Estado. Ello impele a atender en clave axiológica, el bien general. Así, contribuye a afirmar el bienestar y desarrollo compartido.
Este opera en este campo a través de las normas de regulación, el poder de policía; la existencia de servicios; la creación de obras de infraestructura, etc. Ello se hace extensivo a los bienes de la ciudadanía amenazados por móviles egoístas de algunos de sus miembros “no contactados” con la sociedad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la organización administrativa del mismo.
Consecuentemente, aparece simultáneamente como un principio político de la organización estatal y como un concepto jurídico.
En el primer caso opera como una proposición ético-política fundamental que informa todas las decisiones gubernamentales. En el segundo actúa como una idea que permite determinar en qué circunstancias el Estado debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo.
Ahora bien, el carácter público del interés no implica oposición ni desvinculación con el interés privado. No existe una calidad que lo haga distinto del que anima a cada uno los ciudadanos. Por el contrario, se sustenta en la suma de los intereses compartidos por cada uno de ellos.
De allí que no se opone, ni se superpone, sino que axiológicamente los absorbe y asume. Es por eso que su preeminencia no surge de la valoración de lo distinto, sino de lo general y común.
El interés público es la expresión del criterio de coincidencia, por la cual la mayoría de los ciudadanos estima, meritúa o tasa como algo necesario, valioso e importante para la coexistencia social.
En otras palabras, representa todo aquello que, por consenso, se comparte y considera como útil, valioso y hasta vital para la sociedad, al extremo de obligar al Estado a titularizarlo como uno de los fines que debe perseguir en beneficio de sus miembros. En el confluyen las expectativas de la sociedad civil y la actuación del Estado.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
