Luego de caído el gobierno de Pedro Castillo Terrones y de su detención por una evidente infracción constitucional por su intento de golpe de Estado acontecido con fecha 7 de Diciembre de 2022, el gobierno actual de la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, autorizó que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional para que hagan frente a las protestas masivas en regiones del sur del país, como Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Cusco, ocasionando la muerte de más de veinte personas por proyectil de arma de fuego.
Si bien el grueso de la prensa televisiva nacional no comenzó a transmitir el inicio de las protestas masivas, se vio obligada a cubrirlas cuando determinadas personas dañaron infraestructuras materiales como aeropuertos y sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial.
No fueron las cámaras de los periodistas de los medios televisivos nacionales los que captaron los momentos de las muertes provocadas por las balas, sino las cámaras de los celulares de las personas presentes en las ciudades en donde entró el ejército conjuntamente con la policía.
Personas jóvenes que veían los hechos desde los cerros fueron alcanzadas por los proyectiles de arma de fuego. Las balas de gran alcance destrozaron varios cuerpos y cegaron la vida de más de veinte compatriotas, que no tendrían, según la información disponible, antecedentes policiales algunos a la fecha de los hechos.
En ese sentido, ya se empieza a hablar de crímenes de lesa humanidad, y sucede que éstos son imprescriptibles y acarrean responsabilidad penal en cadena de mando. La prensa internacional -no la nacional- se encuentra informando con la transparencia de los hechos, captados en los videos, de disparos contra personas desarmadas que habrían estado incluso ayudando a heridos.
Mientras Manuel Merino renunció en el mes de noviembre de 2020 frente a una semana ininterrumpida de marchas y protestas que se tradujeron en dos jóvenes fallecidos, actualmente la presidenta Boluarte se niega a renunciar.
Mientras la Mesa Directiva del Congreso de la República de ese entonces renunció en pleno para dar paso a una solución política a la grave crisis de legitimidad social, la actual Mesa Directiva se resiste también a renunciar, creyéndose fortalecida después de una moción de censura, y pese a que las protestas de Noviembre de 2020 se focalizaron prácticamente en Lima, sin pensar por lo visto en el alma de los caídos.
(*) Analista político
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