En agosto del 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra, el entonces ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, dijo que la delincuencia era una “sensación de las personas”. Han pasado más de dos años y el actual titular de esa cartera, Willy Huerta, afirma algo parecido, que la prensa también es culpable de la inseguridad ciudadana por no difundir los proyectos del Poder Ejecutivo para luchar contra el crimen. Increíble, pero cierto.
Desde el general Armando Artola, en los tiempos del presidente Velasco, hasta Willy Huerta, con Castillo, han sido ministros del Interior decenas de generales y coroneles de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como también decenas de civiles, pero sobran los dedos de una mano para contar los que han dado la talla. En los últimos tiempos hemos tenido abogados, sociólogos, economistas, periodistas y hasta una profesora y una médica. Sin embargo, el hecho de ser militar, policía o civil, por lo visto, no es ninguna garantía para que una persona pueda desempeñar con eficiencia el cargo de ministro del Interior.
Si más no recordamos, solo dos mujeres fueron ministras del Interior a lo largo de la historia republicana, pero el género tampoco mejora la situación. Mercedes Cabanillas es profesora, pero su gestión como ministra del Interior tuvo las sombras del “Baguazo”. Pilar Mazzetti es doctora en medicina y no pudo realizar una labor decorosa ni siquiera cuando fue ministra de la Salud. Y cómo no recordar a Javier Reátegui, en el gobierno de Toledo, quien era tan miedoso que en los programas cómicos de televisión lo parodiaban con la frase “¿dónde está el ministro?, ¡llamen al ministro!”.
Willy Huertas, el actual ministro, tiene un currículo espectacular. Es licenciado en administración y en ciencias policiales, abogado y magíster en docencia universitaria, así como doctor en ciencias de la educación, con posgrado en derecho administrativo y gestión pública, etc., etc. Sin embargo, está a punto de enfrentar una moción de censura de la que difícilmente se salvará.
Es cierto que hay diversos proyectos de ley sobre la inseguridad ciudadana que están estancados. Están referidos al aumento las penas, reformar es la tipificación de delitos y la participación de la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia. En eso también tiene su parte de culpa el Congreso. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
