Hace pocos días el Perú fue remecido por una muerte quizás esperada, por razón de la edad del occiso, pero que de ninguna manera nos ha librado de viejos recuerdos o –mejor dicho– de malditos recuerdos. Recuerdos que están vinculados con la muerte, con el dolor de miles de personas, con la destrucción de una sociedad. Claro, estamos hablando de la muerte de Abimael Guzmán, el genocida más grande que ha nacido en nuestro país.
Y tras su muerte, este personaje continúa generando polémica y hoy es una de carácter político: la pregunta que se hacen nuestras autoridades es qué hacer con el cadáver. En efecto, de acuerdo con la legislación vigente los restos deben de ser entregados a la cónyuge, en este caso Elena Iparraguirre para que ella –de alguna manera– pueda llevar a cabo los ritos funerarios que de acuerdo a sus convicciones estime convenientes.
El problema es que Guzmán no fue nunca un individuo común y corriente. Guzmán fue el más insigne criminal de la historia del Perú y, por cierto, su cadáver no puede ser objeto de culto o de martirologio, no puede servir para la exaltación del delito, para la apología del terrorismo. Por consiguiente, esa situación tiene que ser remediada a través de una legislación especial que se sostenga sobre las bases de la defensa del interés público, aquello que se vincula con el pro hecho, con lo útil o conveniente para la sociedad; aquello que tiene que ver con el orden público, con la paz, con la sociedad, con el sosiego, etcétera… en resumen con la seguridad nacional.
Pero también tiene que ver con los derechos colectivos que en el marco de una ponderación de valores primará sobre el derecho de unos pocos.
Abimael Guzmán merecerá ser incinerado y sus cenizas diseminadas en el lugar que el Estado determine, y acabar de esta manera con la posibilidad de que se pueda traficar con su imagen para la continuación de un proyecto político criminal y demencial que solo conllevaría a tener más muerte, mas terror y más pobreza.
Los peruanos tenemos que estar alertas y los gobernantes deberán estar decididos a tomar la medida más correcta para todos. En esa medida, se hace necesario que se dicte un Decreto Supremo, un reglamento autónomo que regule no solo el caso de Abimael Guzmán, sino de todas aquellas personas cuyos cadáveres pueden ser utilizados para fines que van más allá de los ritos funerarios y que podrían tener fines propagandísticos y de difusión de ideas y prejuicios que nada tienen que ver con la democracia y con el Estado de Derecho.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
(*) Exministro de Justicia
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
