La decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de irrumpir hace una semana en la embajada mexicana en Quito para capturar a un delincuente sentenciado a 8 años por narcotráfico, constituyó un atentado contra las normas del Derecho Internacional. ¿Pero sigue abierto el debate: defender la soberanía nacional no lo excusa de tan grave responsabilidad?
El asilo es una institución arraigada en el Derecho Internacional Humanitario. Doctrinalmente, su concesión no es un acto inamistoso entre los Estados y consiste en una forma de protección para sujetos perseguidos bajo leyes y jurisdicciones cuestionadas.
Normativamente, está amparado en el artículo III de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954; y el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961, el cual precisa que los locales de la misión son inviolables. Por ello, los agentes del Estado territorial (Ecuador) no debieron penetrar en la embajada mexicana.
No obstante, el mismo día que México concedió el asilo, Noboa permitió el ingreso de las tropas de asalto a la sede diplomática y procedió al arresto de Jorge Glas, quien fue vicepresidente de 2013 a 2017 con Correa, estuvo fugado por corrupción y, tras un período corto con el presidente Lenin Moreno, fue condenado por vínculos con el caso Odebrecht, sobornos y la desviación de fondos de la reconstrucción de Manabí, después del terremoto de 2016. Además, se le considera ligado al narcotráfico y al socialismo del siglo XXI del Foro de Sao Paulo.
Se trata, así, de una decisión que el presidente Noboa ha considerado violatoria del artículo 111 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena por el riesgo inminente de su fuga. El Gobierno de Quito ha considerado, además, que permitir la escapatoria del exvicepresidente -al que no se le persigue en razón de su ideología sino de sus crímenes- habría sido un acto de traición a la patria.
El asilo, efectivamente, no está pensado para delincuentes comunes, de modo que hay espacio para que el análisis jurídico–político evalúe lo que hoy se ha convertido en una zona gris. Más aún cuando López Obrador ha sido descrito por el influencer venezolano de Twitter Augustín Antonetti como “El presidente más humanista de la historia, el de los abrazos y el amor, en menos de seis años se ha peleado ya con los gobiernos de España, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá, Austria, Estados Unidos, y ahora Ecuador, con republicanos, demócratas, ucranianos, medios de comunicación nacionales e internacionales como el NYT, el Financial Times, El País, el Washington Post, con el Rey de España, la OCDE, el Banco Mundial, con la OEA, con los vapedores, los videojuegos, con la Suprema Corte y los jueces, con todos los órganos autónomos, los consejeros electorales, los médicos y padres de niños con cáncer, farmacéuticas, laboratorios, aerolíneas, cientos de periodistas y ciudadanos que han osado a criticarlo, con empresarios, con YouTube, Facebook, Twitter, el subcomandante Marcos, un montón de exgobernadores y todos los expresidentes, se ha peleado con todas las organizaciones de la sociedad civil y activistas de cualquier tema, con las calificadoras, las feministas, los deportistas, los becarios, los ambientalistas, el FMI, la comunidad científica, los expertos, con todos. Menos con los malos…”.
¿Habrá llegado, entonces, la hora de revisar la institución del asilo?
(*) Analista político
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