Cuando un presidente constitucional de la República coloca a determinadas personas como ministros de Estado, no precisamente por razones de meritocracia, sino por motivos de cuotas político partidarias relacionadas con apoyos condicionados de ciertos sectores de bancadas congresales para evitar una vacancia presidencial por la abstracta causal de “incapacidad moral permanente”, estamos ante una agenda personal de intereses particulares, en donde los representantes de la población, como el presidente del Poder Ejecutivo y determinados congresistas, estarían demostrando que se encuentran obrando de espaldas a la población.
Cuando ciertos congresistas de la República, incluida la Presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento Nacional, se reúnen en locales no oficiales para tratar el tema de la vacancia del presidente del país, o ver mejor dicho la manera cómo cancelan incluso la vicepresidencia de la República, para que la Presidencia del Congreso asuma la Presidencia de la República, estamos ante una agenda personal de intereses particulares, en donde los representantes de la población, como la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la República y determinados congresistas, también estarían demostrando que se encuentran obrando de espaldas a la población.
Si bien la esencia de la democracia constitucional, sustentada en el sufragio electoral, es la representación parlamentaria y del Ejecutivo, en la figura del presidente de la República, la representación tiene en el representado la figura principal. No así en los representantes.
En ese sentido, no es correcto que los congresistas y el presidente de la República tengan una agenda particular de cuotas de poder en una democracia, dada la condición de representantes que tienen, ya que estos no existen sin el representado, que es la población.
La vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente de un presidente constitucional electo y la disolución de un Congreso democráticamente elegido no tienen cabida en una democracia, por lo que urge instaurar, mediante la reforma constitucional correspondiente, la revocatoria de los cargos de congresistas y presidente de la República.
La población, en su calidad de representado, así como concede el poder a los representantes, tiene el derecho de revocar tal poder cuando los representantes se alejan de los intereses del representado y/o cuando atentan contra los intereses de éste. Es lo que informa el mismo conocimiento del derecho y la legalidad. No hay otro camino en realidad para pasar de una democracia formal a una democracia sustancial.
Ciertamente que el camino de la revocatoria congresal y presidencial se ha de verificar, sin perjuicio de los mecanismos del juicio político y de mejorar los criterios de suspensión de los mandatos por comisión de grave delito flagrante. Es el signo de los tiempos nuevos.
(*) Consultor político
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