Ojalá que el espíritu navideño y los sanos propósitos que se hacen para el año venidero, logren recuperar la paz y concordia en nuestro país.
Hasta el cansancio hemos repetido que, en la cadena de situaciones para alcanzar el bienestar de la población, se necesita que exista trabajo, y para generar empleo es indispensable la inversión, aunque ella solo se dará si existe; confianza, tranquilidad social, estabilidad normativa, predictibilidad tributaria, todo esto último que se puede consolidar en lo que es el estado de derecho.
Como vemos se trata de una cadena con varios eslabones que se unen unos con otros, a fin de conseguir la estabilidad que es indispensable para que vivamos en paz, con crecimiento económico y desarrollo, todo lo cual nos debería llevar al bienestar ciudadano.
Ninguno de los eslabones, ni solos ni en conjunto que hacen la cadena, podrán construirse en el clima de confrontación entre nuestros personajes que ejercen función pública e incluso las entidades del Estado.
Como hemos también relatado en anterior artículo, el verbo acusar es cotidiano y se conjuga en todos los tiempos, personas y modalidades. Las autoridades se acusan las unas a las otras. Los señalamientos entre ellas son altisonantes yendo hasta a hacer denuncias de lo más inverosímiles, cuyos procedimientos duran años y años, pero mientras tanto, se carece de confianza para invertir y el país se paraliza.
Hay hasta irresponsables que claman por que “se vayan todos”, sin entender que lo peor que nos puede pasar es el vacío de poder, que no es conveniente que se llene con cualquier advenedizo irresponsable que empeore aún más la situación.
El escenario se agrava, cuando aún no está concluida la tarea para pasar del sistema parlamentario unicameral al bicameral, como tampoco se ha enfrentado con solvencia los cambios requeridos en el sistema normativo electoral y partidario que lleven al elector a confiar en dicho sistema. Esta tarea corresponde al Congreso que, empero, hace todo lo indecible para que los ciudadanos les pierda respeto, por supuesto con las excepciones conocidas.
Entre lo político y lo jurisdiccional hay un ida y vuelta, pues se observa la politización de la justicia al igual que la judicialización de la política, siendo las autoridades judiciales complacientes ante pedidos del Ministerio Público de allanamientos domiciliarios (y a la mala), así como incautación de bienes y documentación, siendo muchas veces sin motivación o sin causalidad suficiente, llegándose hasta a allanar estudios de abogados, accediéndose a información y documentación de terceros, lo que es un atentado contra el secreto profesional.
Como colofón del penoso paisaje sociopolítico interno que hemos descrito, se agregan actitudes erróneas como las del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que so pretexto de seguimiento de la ejecución de sus decisiones jurisdiccionales, se entrometen en la prerrogativa de otorgar indultos y acciones de gracia, que es de competencia constitucional exclusiva del presidente de la República, que se podrían sintetizar en el perdón, que no admite marcha atrás.
Los ciudadanos comunes y corriente, estamos hartos de la situación expuesta y levantando la voz, exigimos el BASTA YA, dialoguen, conversen y concierten por el bien de la patria
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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