Hoy, la preocupación de varios políticos sobre la inseguridad ciudadana es tan generalizada como la propuesta monocromática de “fortalecer a la policía”, ya sea buscando otorgarle 10 mil motos, como tratando de incrementar sus efectivos en 5 o 10 mil, o formando otra unidad especializada como de “lucha trasnacional contra el crimen”.
Dentro de lo “razonable” o evidentemente necesario que puedan tener estas propuestas, la aproximación política a los asuntos de seguridad sigue siendo frágil e insuficiente.
La seguridad se manifiesta en diferentes ámbitos que obligan a miradas y perspectivas diferentes y que necesariamente son interdependientes.
Así, en el “ámbito doméstico” la seguridad es un espacio de responsabilidad individual; en las calles, el tránsito, la delincuencia común, salubridad pública, crímenes individuales, asaltos y robos pertenecen al ámbito de la “seguridad ciudadana” y de responsabilidad del Serenazgo y de la policía; los desmanes de las barras bravas, huelgas que sistemáticamente desafían el orden, eventos multitudinarios, conflictos sociales aislados, son parte del “orden público” y de responsabilidad policial; los desafíos al Estado de derecho y a la autoridad del gobierno como son las amenazas contra los servicios públicos esenciales, a la seguridad de los penales, bloqueo sistemático de carreteras, el control de fronteras o de conflictos sociales generalizados constituyen el ámbito del “orden interno”, y su responsabilidad está a cargo de una “policía militarizada”, como lo era nuestra antigua Guardia Republicana; cuando el orden interno sobrepasa a la policía y/o cuando se amenaza la integridad territorial, independencia, soberanía y a los intereses vitales del Estado, entonces estamos en el ámbito de la “Seguridad Nacional” que involucra la responsabilidad de las “FFAA y del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
En el Perú, los críticos niveles de inseguridad ciudadana se han desbordado produciendo un miedo generalizado sobre la población, el mismo se evidencia cómo está directamente relacionada con la expansión del crimen transnacional organizado por toda Latinoamérica sobrepasando a las policías locales y desafiando la autoridad gubernamental. El crimen organizado es un fenómeno nuevo que está en permanente proceso de evolución con estructuras políticas, sociales y económicas (migraciones), financieras y criminales de alcance internacional imposible de ser abordado en forma exclusiva desde una perspectiva policial.
En nuestro país la Policía Nacional no solo ha sido desbordada, sino que se encuentra agotada por inmensos esfuerzos individuales y sin estrategia, infiltrados por el crimen, carentes de liderazgo, contaminada por la política y la corrupción, en crisis moral e institucional; su refundación es indispensable. Ya es hora de que nuestros políticos utilicen unos nuevos anteojos para mirar la real dimensión de la naturaleza del crimen organizado y la inseguridad en el país.
(*) Exdirector Nacional de la DINI
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