La casita de las sorpresas de Sarratea, aquella que cobija oscuros secretos de Pedro Castillo -aún presidente de la República-, generó un extraño fenómeno: la muerte y resurrección de su prófugo propietario Alejandro Sánchez como consecuencia de un registro fraudulento en el Reniec.
A Sánchez lo dieron por muerto en dicha nómina pocas horas después de emitirse la orden de captura en su contra como miembro del “gabinete en la sombra” e integrante de la organización criminal, que según ha precisado la Fiscalía de la Nación, encabeza el propio Castillo.
Muy sospechoso ya que, si el hecho no hubiera sido objeto de la denuncia y luego de la rectificación correspondiente, Sánchez, el único de los 6 integrantes de esa banda que se encuentra prófugo, estaría en balcón esperando el cierre de la investigación penal.
Y, en forma muy conveniente, por cierto, también ha saltado que varios otros políticos, esta vez de oposición, también han sido objeto de esta sumaria ejecución registral seguramente para disimular que lo de Sánchez sí tenía el propósito claro de contribuir a su fuga.
Recordemos que a comienzos de este régimen, la casa de Sarratea era el centro de reuniones clandestinas de Pedro Castillo y que inclusive negó una cita con la hoy enmudecida colaboradora eficaz Karelim López, lo cual fue luego debidamente aclarado con el correspondiente e irrefutable video transmitido por la televisión.
Sin duda, lo que está ocurriendo hoy en la jefatura del Estado no tiene precedentes en nuestra historia republicana: más allá de la amenaza comunista, se trata de una banda de delincuentes que ha llegado al Poder sin soñar que tan lamentable hecho para el país pudiera ocurrir pero que luego, ya en Palacio de Gobierno, ha desplegado su sórdida habilidad para delinquir conjuntamente con una inescrupulosa e ignorante incapacidad para gobernar.
Estos actos requieren de las acciones penales correspondientes que deben ser iniciadas, de inmediato, por la Fiscalía de la Nación cuya titular, con independencia y probidad, no está sujeta a la red corrupta de Castillo, lo cual ha conducido a la denuncia constitucional que ha interpuesto contra éste que, como era de esperarse, ha provocado la denigrante respuesta difamatoria de sus cómplices y áulicos.
Todo lo cual representa una vergüenza para el Perú y nos refuerza en la lucha por salvar a nuestra Patria de estos mafiosos para consolidar una democracia con justicia social y sin corrupción.
(*) Presidente de Perú Nación
(*) Presidente del Consejo por la Paz
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