El desconocimiento del sector agrario, producto de la indiferencia y el desprecio, es uno de los rasgos comunes a todos los gobiernos en Perú, al menos de los años 80 para adelante. Hay tanta inopia sobre el tema, que —durante el régimen de Francisco Sagasti— el entonces ministro de Agricultura (Federico Tenorio) y los congresistas denominaban “ley agraria” a la norma aprobada con apuro y por presión para calmar las protestas de los trabajadores urbanos contratados por las agroexportadoras. Ese problema no tenía nada que ver con los 2.2 millones de campesinos dedicados a la agricultura familiar y que producen los alimentos que todos los días vemos en los mercados, pasan a la mesa de los hogares y terminan en nuestro estómago, dando a nuestro organismo los nutrientes necesarios para seguir con vida.
La norma dada a fines del 2020 se trataba de la “Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial”, una herramienta legal que de ninguna manera se podía calificar como “ley del agro”, como también se la llamaba. Ese marco legal, como decíamos, respondió a un problema específico y coyuntural que no tenía nada que ver con la agricultura propiamente dicha. Ocurre que los trabajadores de las agroexportadoras denunciaban que no contaban con estabilidad laboral, seguros, compensación por tiempo de servicio y que les pagaban entre 35 y 39 soles por más de 12 horas laboradas. No era tampoco un problema nacional, pues ocurre que en Ica las agroexportadoras pagaban ese sueldo, mientras que las de Arequipa habían establecido el jornal en 70 soles.
Una norma dada con el objetivo expreso de reconocer los derechos de los trabajadores de las agroexportadoras de Ica, por donde se la mire, no es una “ley del agro”, pues no incluye la atención a los problemas de millones de campesinos dedicados a la agricultura en los valles de la costa, los andenes de la sierra y las montañas de la selva.
Una de las promesas del Gobierno del presidente Pedro Castrillo fue la segunda reforma agraria, que incluso es apoyada por un sector del empresariado porque, según dicen, no va a expropiar sus tierras a nadie, sino que es una política nacional de desarrollo de la agricultura mediante tecnología, asesoramiento técnico y vías de comunicación.
Sin embargo, en diez meses vamos a tener cinco ministros de Agricultura y ninguno ha demostrado responder a lo que planteó el Gobierno para el sector agrario. Según alertas mundiales, se avecina una crisis alimentaria con riesgo de hambruna y el papel del ahora llamado Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) será fundamental. Mañana continuamos. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
