Es increíble que la Comisión de Educación del Congreso sea presidida por un parlamentario que apoya el matrimonio infantil. O que la Comisión de Ética esté integrada por dos de sus propios investigados. Y ni qué decir del presidente de este Poder del Estado, un señor que tiene en su haber varias denuncias —muy graves, por cierto— y del que cada vez aparecen más perlas.
José Balcázar, quien afirma que las relaciones sexuales no son perjudiciales para los niños, tiene una hoja de vida con serios nubarrones que eclipsan su trayectoria y denotan un perfil que en realidad no corresponde a una persona que dirigirá los temas relacionados a la educación. Balcázar fue magistrado y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) —hoy Junta Nacional de Justicia— lo destituyó del cargo por cometer una falta grave: actuar contrario a las normas procesales y la Ley Orgánica del PJ y anular una resolución que había adquirido la calidad de cosa juzgada en un recurso de casación. En 2019, cuando era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, fue denunciado penalmente por dicha orden por apropiarse de fondos comunes, según una investigación del diario El Comercio. De acuerdo a la demanda, el perjuicio económico no es poca cosa, pues presentan un desbalance de S/1’446.022. Ya como congresista, fue captado tomando una cerveza en plena Semana de Representación en la región Lambayeque.
Entre los 17 miembros de la Comisión de Ética se encuentran Juan Carlos Lizarzaburu y Héctor Valer, ambos con serios cuestionamientos que fueron denunciados ante dicho grupo de trabajo parlamentario. Ayer, en el Pleno del Congreso fue ratificada dicha comisión que, por cierto, en la anterior legislatura fue objeto de duras críticas por pasar por agua tibia graves denuncias y blindar a congresistas señalados como “niños” y “mochasueldos”, como lo admitió su propia expresidenta, Karol Paredes.
El caso del presidente del Congreso, Alejandro Soto, también es de ripley y por eso muchos dicen que no se pudo elegir a alguien con menos credenciales para ocupar tan importante cargo. En realidad, no solo el congresista famoso por la “Ley Soto” registra denuncias en el Ministerio Público. De los 130 parlamentarios, 82 tienen investigaciones fiscales abiertas en proceso. Es decir, el 63% del total de legisladores tienen problemas con la justicia. Algo nunca antes visto en la política peruana, que cada vez más se hunde en el descrédito, la sospecha y la desconfianza. Ojalá la labor de los pocos congresistas capaces y decentes, que sí los hay, se imponga ante los desbarajustes que hagan los demás. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
