El Gobierno acaba de promulgar la ley que reestablece la bicameralidad en el Congreso de la República, reforma que incluye, entre otras cosas, el regreso de la reelección parlamentaria.
A partir del 2026, los congresistas podrán reelegirse indefinidamente, como era antes del 2018, año en que se eliminó esta figura. Este punto fue objeto de ácidas críticas, sobre todo de las demás autoridades elegidas por voto popular.
Los detractores cuestionan que el Congreso haya aprobado la reforma sin mayor participación ciudadana, y que esta sola haya beneficiado a los parlamentarios, dejando de lado a los alcaldes y gobernadores. Políticamente, estas objeciones son válidas. A igual razón, mismo derecho. Sin embargo, parece que esto poco o nada les importó a los congresistas.
En la mayoría de los países democráticos existe reelección. Sin embargo, cuando en el Perú se derogó esta figura en el 2018, se cortó uno de los pocos lazos que unía a la autoridad con su representando. Sin el incentivo de ganar una reelección, no debe sorprender que la desconexión entre los políticos y la ciudadanía haya aumentado. Además, se sacrificó innecesariamente la experiencia acumulada, dejando al Congreso, las alcaldías y gobernaciones en manos novatas y cortoplacistas, atizando la inestabilidad.
La figura de la reelección ha vuelto. Esperemos que esta se haga extensiva también a las demás autoridades elegidas por el voto popular, pero solo para un periodo más; esto incluye también a los congresistas.
Cabe resaltar que las reelecciones indefinidas, tanto en el Perú como en el resto de los países de la región, en la mayoría de las veces terminan involucradas en casos de corrupción. Es el caso, por ejemplo, de César Álvarez, en Áncash; Klever Meléndez, en Pasco; Roberto Torres, en Chiclayo, todos ellos presos por robar al Estado.
Ahora bien, ¿la reelección por si sola transformará la situación actual de descredito que tienen los congresistas, alcaldes y gobernadores? Es muy difícil. En derecho constitucional no hay varitas mágicas. Con suerte, actuarán como paliativos que, potencialmente, podrían mejorar las cosas o, al menos, limitar los mayores atropellos de algunas autoridades en espera de medidas complementarias que las potencien. Igual, no debe perderse de vista que mientras la ciudadanía se mantenga en un estado de alienación política y no se haga responsable de sus votos, toda ingeniería constitucional sobre el legislativo y los gobiernos subnacionales estará siempre bajo la amenaza del fracaso.
La reforma no es ideal. Tiene vacíos, puntos cuestionables y aspectos que podrían mejorarse. Pese a ello, se ha dado un gran paso, pero aún faltan más reformas. Una de ellas es la eliminación del proceso cerrado de selección del menú de candidatos en las elecciones primarias, para dejar solo la figura de la participación de todos los peruanos, afiliados o no a una agrupación política, en las elecciones internas de los partidos políticos. De esta manera, tendremos autoridades con mayor legitimidad y representatividad.
(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali
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