Corría el año 1977. El gobierno militar, en su segunda fase, había olvidado su élan revolucionario en medio de una gran convulsión. El fracaso de las reformas estructurales y el recio impacto de la segunda crisis internacional del petróleo, marcaron esa deriva. El malestar so[1]cial se generalizaba, impelido por el brutal incremento del precio de los combustibles y sus derivados. En simultáneo, concurría un hartazgo ciu[1]dadano contra la permanencia del régimen castrense. Nueve largos años, desde octubre de 1968, cuando el golpe de estado de Velasco.
Lo revolucionario había quedado atrás. Lo que despertó entusiasmo había dimanado hacia una rutina gris y sofocante. Las medidas represivas que otrora apuntaron a la vieja oligarquía, ahora amenazaban cualquier protesta contra la opresión manifiesta. Así lo percibió la hornada de dirigentes de un sindicalismo combativo, que floreció gracias a la industrialización sustitutiva de importaciones, puesta en marcha. Originalmente habían apoyado a “la revolución peruana”, seducidos por su retórica beligerante y por los beneficios del crecimiento económico de los primeros años.
Para 1977 las cosas habían cambiado radicalmente. Y los flamantes gre[1]mios sindicales decidieron pulsar fuerzas con un gobierno, que ya no podía soslayar su impronta dictatorial. Después de muchos intentos, vencer temores y vacilaciones, decidieron por fin, realizar un gran paro nacional el 19 de julio, de ese año. De pronto, como un rayo en cielo sereno, el país en calma regimentada, estalló en una portentosa movilización por todo el territorio, que puso en jaque al gobierno de la FF.AA. Aquella fecha marcó un giro en la situación política: los militares ya no pudieron gobernar. Y se inició una transición, de la dictadura a la democracia.
¡Qué diferencia con lo ocurrido hogaño! Salvo la efemérides todo lo demás es distinto. Ayer existió una dirección visible: las centrales sindicales legalmente reconocidas, juntas en un comando unificado. Ellas asumieron la responsabilidad de la movilización popular. Tanto fue así que, cuando llegó la represalia, más de cinco mil dirigentes fueron despedidos y las cabezas políticas deportadas del Perú. Hoy, en cambio, los azuzadores se agazapan, no dan la cara y reina una impunidad vergonzante, salvo arrestos menores y, a lo sumo, una inves[1]tigación fiscal inicial.
Pero lo verdaderamente notable fue que la jornada ciudadana de 1977 enfrentó a una dictadura militar, que metía bala en las calles en el marco de una debacle económica. Por eso, aquel sacrificio popular abrió un ciclo político de libertad: se convocó a una Asamblea Constituyente y se recuperó la democracia. En cambio ahora se marcha para liberar a delincuentes: Castillo, el jefe y Pacheco, Torres, Goray, Fernandini, etc., los cómplices. Y para sumir al Perú en la autocracia y la corrupción. ¡Más respeto con la historia, por favor!.
(*) Analista político
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