Pareciera una cortina de humo permanente de este gobierno: la inseguridad que se multiplica en todo el país. Según datos de la Policía, al día en promedio hay más de 300 robos (muchos más con la cifra negra de la no denuncia) y un asesinato por sicariato. Es más que evidente la falta de capacidad de respuesta que tiene el Estado, con respuestas parches, frente a una delincuencia que, precisamente, por esa falta de respuesta adecuada, se ha empoderado.
Los grupos organizados delictivos del extranjero han tomado como base nuestro país. No olvidemos que igual lo hizo Odebrecht en temas de corrupción y Marcelo Odebrecht manifestó que escogió al país como sede en Latinoamérica, porque era un país con políticos y autoridades altamente corruptas. Vergüenza ajena. Bastará con analizar cómo están manejando el erario nacional en su provecho, en un país donde la recesión es una realidad.
Vemos cero empatías y nada de vergüenza, pero las facturas políticas por malos manejos se pagan. No se olviden dónde acabó el otrora todopoderoso Vladimiro Montesinos y él tenía más poder que los actuales políticos y más inteligencia, que la gran mayoría de ellos.
El gobierno pareciera no tener una clara política de Estado. No hay acciones articuladas y concretas entre los poderes del Estado, desde sus inicios con Pedro Castillo y ahora con Dina Boluarte. La delincuencia en todas sus modalidades se torna más violenta y cada vez más se multiplica y expande. Hoy, cualquier ciudadano puede ser la próxima víctima del abanico de delitos que se da en el país, siendo la víctima elegida o circunstancial. Ya que hoy basta estar en el lugar y momento equivocado para convertirnos en víctimas circunstanciales de las acciones delictivas. Hablamos de delito común, hurtos, robos, asaltos, estafas y los delitos de alto impacto, como sicariato, extorsiones o secuestros planificados. Esta delincuencia ya no solo está afectando a la sociedad en su conjunto. No olvidemos el caso de Pataz, el ataque a un socavón de la mina la Poderosa, la primera exportadora de oro del Perú, una clara muestra que el crimen organizado en nuestro país no tiene límites.
Pero además, la delincuencia está atentando contra intereses nacionales como la inversión, extranjera y nacional, o el turismo. Basta ya de seguir engañando a la población con estrategias parches que no han dado buenos resultados, por el contrario, crean una ‘falsa sensación de seguridad en la población’.
Es importante que lean los políticos el artículo 166 de la Constitución Política del Perú: ‘La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental, Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantizar el cumplimiento de las Leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, Investiga y Combate la delincuencia.
Finalmente, nada ni nadie está por encima de la Constitución, ni tampoco de las leyes.
(*) Presidente de Aprosec
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