El presidente Pedro Castillo solicitó a la OEA, que mediante la activación de la Carta Democrática, viniese al Perú a fin de constatar e impedir, que se cometiese un golpe de Estado desde el Congreso de la República, que intentaba vacarlo en contubernio con el Ministerio Público.
Por otro lado, diversos amplios sectores de la oposición política cuestionaron la invitación a la OEA aduciendo que tenía visión sesgada respecto de lo que acontece en nuestra patria y que, el cuestionado secretario general de esa organización, Luis Almagro, carece de autoridad moral para meter su cuchara donde no le corresponde.
Además, el Consejo Permanente de la OEA acordó enviar una misión al Perú, habiendo escuchado solo a una parte en conflicto, lo que podría descalificar su actuación.
Como podemos advertir dos posiciones encontradas que están en las antípodas y, muchas personas del exterior se preguntan con razón, ¿qué es lo que está sucediendo en el Perú?
Bueno pues, en nuestro país no hay ningún golpe de Estado, ni tampoco en proceso y ni siquiera en pensamiento. Solo mentes febriles podrían considerar que carece de legitimidad la denuncia del Ministerio Público al presidente Castillo ante el Parlamento, no por un par de situaciones, sino por una infinidad de hechos que la Fiscalía ha considerado que están tipificados como delitos en el Código Penal. No es una bicoca la denuncia, ella cuenta con por lo menos 190 elementos de convicción
La Fiscalía lo que hace es ejercer el derecho y a la vez obligación que la Constitución y su Ley Orgánica le ordenan y, el Congreso igualmente ejerce su derecho y obligación constitucional de procesar la denuncia.
¿Qué hacer en esta situación? ¿Es una opción quedarnos entrampados cuatro años más hasta que termine el mandato de Pedro Castillo, o encontrar alguna otra opción?
Mientras nos encontramos en la situación expuesta, corren los días, las semanas y los meses, y la desesperanza aumenta, como también crece la desconfianza en el régimen, lo que retrasa o impide inversiones generadoras de puestos de trabajo que podrían reducir sustancialmente la pobreza.
Entonces, las dos partes enfrentadas deberían considerar que la visita al Perú de los delegados de la OEA, es una ventana de oportunidad, que pudiese, además de observar nuestra realidad, convertirse en la bisagra entre ésas dos posiciones, acercándolas en lo posible con miras a encontrar una solución que evite que nuestro país siga en el deterioro en que se encuentra y que podría escalar a situaciones aún muchísimo más graves.
Evidentemente los representantes de la OEA, varios de ellos cancilleres en sus respectivos países, no pueden quedarse más de dos o tres días y ello es realmente insuficiente, por lo que nada impide después de su informe al Consejo Permanente y a la Asamblea General, nombrar algunos otros comisionados que junto con el representante de la Organización en el Perú, traten de acercar a las partes en conflicto para llegar a buen puerto y evitar males mayores. Ojalá se haga.
(*) Presidente del Consejo de Ministros
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