Desde el inicio de la declaración del Estado de Emergencia nacional en nuestro país en marzo del año pasado debido a la pandemia del COVID-19, todas las actividades comerciales y empresas han tenido que reacomodarse a las nuevas circunstancias y disponer que sus trabajadores pasen a someterse a protocolos sanitarios muy rigurosos para continuar con sus labores.
Esto ha significado que muchas compañías y negocios deban optar por reducir el volumen de su actividad comercial usual o, alternativamente, suspender por completo sus actividades. Vemos así que por ejemplo sectores como el Turismo y el entretenimiento (casinos, cines, teatros, bares y discotecas) sencillamente han tenido que cerrar sus puertas o en el mejor de los casos reiniciar su actividad con aforos de clientela muy limitados. En tal circunstancia, estas empresas se ven atadas de manos para poder mantener sus plantillas de trabajadores puesto que con tan significativo recorte de sus actividades, además de horarios de atención mucho más limitados, sus ingresos se ven muy reducidos, con lo cual la única y penosa alternativa es la de la suspensión perfecta de labores o la del cierre definitivo del negocio o de la misma empresa.
Cuando la única alternativa es la del recorte de la planilla, no solo son los trabajadores cesados los afectados: toda la cadena económica se afecta. Pues con más gente que pierde su empleo obviamente se reducen el consumo y el pago de las deudas bancarias, comerciales y de servicios, y también se reducen los ingresos de las instituciones de servicio social y los pagos tributarios (aportes a EsSalud, AFP y ONP, Impuesto a la Renta, IGV, etc.).
Recordemos que actualmente, y según cifras reveladas por el INEI y por diversos medios, se estima que en el sector privado son más de cinco millones de personas las que ya han perdido definitivamente su empleo, y que todas las actividades económicas están manteniendo muy bajos niveles de ingresos. Solo en el sector de la gastronomía se estima que hay una pérdida acumulada de ciento cincuenta millones de soles.
Todo esto implica además que quienes pierden sus empleos tienen como alternativa la migración obligada hacia el pequeño negocio personal o familiar, o pasar directamente al sector informal. Esta situación se hace insostenible en el tiempo. El gobierno debe empezar a tomar cartas en el asunto ya mismo y ofrecer otras alternativas.
(*) Abogado – Árbitro de Derecho
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
