El reciente caso del empresario Miguel Requejo, de 51 años, acusado de embestir con su camioneta de alta gama el restaurante El Charrúa, en La Molina —y por el cual la Segunda Fiscalía Penal solicitó nueve meses de prisión preventiva— ha encendido, una vez más, el debate sobre la conducta social de ciertos sectores emergentes. Se trata de grupos que, pese a haber acumulado poder económico, aún carecen del capital cultural y cívico necesario para convivir bajo las reglas de un Estado de derecho.
Esta reflexión se vuelve más urgente en un contexto sui generis, donde el gobierno de Dina Boluarte atraviesa una grave crisis de legitimidad, erosionada por múltiples escándalos de corrupción que han generado un preocupante vacío de poder.
Este hecho no puede analizarse de forma aislada ni como una mera anécdota criminal. Por el contrario, es un síntoma social revelador de un contexto más amplio: el Perú de 2025 vive una crisis profunda de legitimidad institucional, fragmentación social y anomia, donde el ascenso económico no ha ido de la mano con la construcción de ciudadanía, ética pública ni educación para la convivencia.
Según las investigaciones preliminares, Miguel Requejo habría protagonizado el atentado contra el restaurante en un contexto de conflicto personal o venganza. Más allá del hecho delictivo, el perfil del agresor representa a un sector de ciudadanos que han logrado movilidad económica —en algunos casos acelerada— pero cuya educación emocional, social y cívica ha sido mínima o inexistente. Esta figura puede definirse sociológicamente como parte de una élite emergente sin ciudadanía plena: personas con capacidad de consumo y estatus material, pero sin interiorización de normas de respeto, legalidad o empatía social.
Lo alarmante de estos comportamientos no es solo su individualidad, sino su creciente frecuencia en un entorno nacional donde el Estado ha perdido autoridad moral y política. La presidenta Dina Boluarte, seriamente cuestionada por corrupción y nepotismo, ha protagonizado gestos que han agravado el malestar ciudadano, como el aumento de su sueldo en medio de la recesión económica.
Cuando las élites políticas violan normas sin consecuencias, la impunidad se vuelve regla. Esto genera una descomposición moral transversal, donde distintos sectores empiezan a considerar que la ley ha perdido valor real.
¿Qué explica esta fractura?
Este fenómeno se agrava en el Perú por diversas razones:
- Educación precaria: la movilidad económica no ha sido acompañada por una reforma educativa integral que promueva valores de ciudadanía.
- Estado ausente o corrupto: las instituciones no sancionan con eficacia, permitiendo que los poderosos actúen con impunidad.
- Individualismo extremo: el éxito personal ha desplazado al ideal del ciudadano responsable.
- Reproducción del poder vertical: se replican lógicas autoritarias en distintos espacios de interacción.
El concepto de anomia, desarrollado por Émile Durkheim, alude a una situación donde las normas sociales pierden vigencia y ya no regulan el comportamiento de los individuos, generando caos y desorientación. El caso Requejo es solo un síntoma visible. Los verdaderos males son más profundos: un sistema que premia la astucia sin ética, la riqueza sin cultura y el poder sin responsabilidad.
(*) Presidente de APROSEC.
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