La Arquidiócesis de Lima enfrenta una crisis sin precedentes bajo el liderazgo del cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, nombrado arzobispo en 2019 por el papa Francisco y elevado a cardenal en 2024. Prometiendo una Iglesia sinodal y cercana a los pobres, Castillo ha sido acusado de encubrimiento, mala gestión financiera, favoritismo y polarización doctrinal, lo que ha fracturado la confianza de los fieles y generado un clamor por su retiro.
Uno de los escándalos más graves involucra al padre Nilton Zárate Rengifo, un sacerdote cercano a Castillo, acusado de acosar sexualmente y manipular a una monja contemplativa durante años. Según The Pillar, la religiosa, diagnosticada con un trastorno límite de la personalidad, denunció abusos que podrían constituir un delito canónico. Sin embargo, la investigación diocesana fue opaca: la víctima no recibió notificación formal del cierre de su caso, y Zárate continuó en el ministerio hasta marzo de 2024. Recientemente, el sacerdote solicitó su laicización, un movimiento que no es más que un intento de evadir un proceso canónico riguroso.
Este caso ha alimentado sospechas de encubrimiento por parte de Castillo, especialmente porque sacerdotes allegados a él han sido protegidos, mientras que clérigos conservadores, vinculados al cardenal Juan Luis Cipriani, han sido marginados, despojados de funciones y, en algunos casos, enviados a la Casa del Clero, descrita como “la Siberia de Lima”.
La gestión financiera de Castillo también ha sido objeto de críticas. InfoVaticana y The Pillar revelan que, mientras el cardenal predica austeridad, la arquidiócesis ha multiplicado por cuatro el número de empleados y otorgado sueldo elevado a sus aliados.
Por ejemplo, Hipólito Caro Rodulfo, director de Asuntos Culturales, vio su salario aumentar de 5,000 a 16,000 soles mensuales. En contraste, comedores gratuitos y becas para alumnos pobres han desaparecido, y las cuotas escolares han subido.
Aunque Castillo ordenó una auditoría en 2019 para investigar a Cipriani, no halló irregularidades, pero las acusaciones de manejos turbios en la gestión de Castillo persisten, con testimonios que señalan un uso indebido de fondos diocesanos para beneficiar a un círculo selecto mientras las parroquias pobres luchan por subsistir.
Administrativamente, la arquidiócesis está en caos. La vicaría judicial, encargada de casos de abuso, fue desmantelada tras la destitución de jueces y la interrupción de investigaciones. La vicaría permaneció cerrada un mes tras la renuncia del obispo auxiliar Juan José Salaverry, dejando a víctimas sin justicia.
A nivel doctrinal, Castillo ha generado controversia con posturas progresistas, como su apoyo a la Pontificia Universidad Católica del Perú, criticada por el Vaticano, y su defensa de una obra teatral titulada “María Maricón”.
Sus declaraciones, como “Jesucristo no era sacerdote, era un laico”, han sido calificadas de heréticas, y su burla hacia los defensores de la Misa tradicional, a quienes llamó “divina pomada”, ha profundizado la polarización. Además, su rechazo a prácticas como las alfombras de flores para el Corpus Christi y su solicitud de donaciones para un “regalo digno” tras ser nombrado cardenal han sido vistos como contradicciones con su mensaje de humildad.
A pesar de haber cumplido 75 años en febrero de 2025 y presentado su renuncia, como exige el Código de Derecho Canónico, Castillo afirmó contar con el respaldo del papa León XIV para permanecer hasta los 80 años.
En una homilía reciente, desestimó las críticas como “chismes” de “fariseos”, un discurso que no ha apaciguado las tensiones. La arquidiócesis está fracturada, con fieles exigiendo justicia, transparencia y un liderazgo que priorice a las víctimas y a los pobres.
La gestión de Castillo, lejos de unir, ha sembrado división, y el futuro de la Iglesia limeña depende de una renovación que restaure su credibilidad y misión evangelizadora.
(*) Analista político.
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