La destitución de Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, es un revelador más de la podredumbre que ha corroído el corazón del sistema judicial peruano. Este acto debería servir como la señal definitiva para desenmascarar a los cómplices de una cada vez más evidente red de corrupción al más alto nivel.
No basta con la destitución; es imperativo que se inicie una investigación profunda y sin contemplaciones sobre las acciones de Rafael Vela, especialmente el acuerdo con Odebrecht, un pacto que muchos percibimos como una traición a los intereses de la patria. Este acuerdo no solo ha permitido que una empresa corrupta se beneficie a expensas de la justicia peruana, sino que ha dejado al país sin la posibilidad de un verdadero castigo para los culpables. Vela y José Domingo Pérez deben ser llevados ante la justicia por este entreguismo y por su evidente incapacidad y probable corrupción.
Pérez, por su parte, es el ejemplo perfecto de cómo la corrupción y la ineptitud pueden coexistir en una misma persona. Su desbalance patrimonial es una señal clara de enriquecimiento ilícito, y su comportamiento demencial, no hace más que subrayar su incapacidad para manejar un caso de tal envergadura. Ambos, Vela y Pérez, han traicionado la confianza del pueblo peruano, actuando no como guardianes de la justicia sino más como salvaguardas de la impunidad.
Mientras en Brasil se han logrado avances significativos en el caso Lava Jato, en el Perú, bajo la tutela de Vela y Pérez, el caso ha sido un absoluto desastre. Esta inacción no es solo un fracaso; es una traición. Es evidente que el objetivo no era la justicia, sino la protección de una red de corrupción y la persecución de los enemigos políticos y personajes incómodos para la mafia caviar que oportunamente se puso al servicio de Odebrecht. Rafael Vela y José Domingo Pérez son traidores sin redención, entreguistas que han colocado sus intereses o los de terceros por encima del bienestar de la nación. Es hora de que el Perú, con la destitución de Vela como punto de inflexión, exija no solo la investigación sino la sanción de estos individuos.
Por supuesto han surgido también sus defensores, mención aparte entre estos apologistas merece el impresentable homúnculo Carlos Rivera Paz, abogado del IDL y títere moral de Gorriti. Resulta indignante como este sujeto conocido por defender a aquellos que han manchado las manos de sangre en ataques terroristas, se pretende ahora erigir como defensor de Vela y supuestamente de la justicia.
La defensa de Rivera no es más que una maniobra para proteger a un sistema que ha fallado miserablemente en su deber. Su historial de defender lo indefendible solo sirve para desacreditar aún más su argumento, evidenciando una agenda que parece más inclinada hacia la protección de intereses oscuros que hacia la búsqueda de la justicia.
No debemos permitir que esta traición nos defina, sino que sea el catalizador para un renacimiento moral y ético. Que la decepción se transforme en la fuerza para exigir un futuro donde la integridad no sea una excepción, sino la norma.
(*) Analista político
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