Hemos entrado en un período oscuro. Si la anunciada denuncia constitucional de la Fiscalía para suspender a Castillo no es presentada pronto y debidamente procesada por el Congreso, el Perú caerá inevitablemente en la dictadura narco-comunista.
Las cosas van mal. De acuerdo a las últimas denuncias periodísticas y a la información proporcionada por altos mandos militares en retiro, estaría en curso el llamado “Plan hormiga” para cooptar especialmente al Ejército y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es difícil de precisar si los respectivos estados mayores comparten el proyecto, pero resulta obvio que algunos oficiales de la mayor jerarquía están siendo seducidos por los ofrecimientos del régimen o ya asumieron compromisos para pasarse al bando gubernamental.
Castillo mantiene una campaña sistemática de acercamientos tanto al extremo de la tropa, vía visitas inopinadas a cuarteles y participación en maniobras de campo, cuanto a la jerarquía castrense. La última fotografía de los comandantes generales sentados junto al presidente en Palacio de Gobierno recuerda el antecedente del sinvergüenza Vizcarra poco antes del golpe del 2019.
El mandatario también está haciendo ofrecimientos populistas a los institutos armados: desde incremento presupuestal para el rancho de la tropa hasta adquisición de nuevos equipos para la Defensa. Todo lo cual no es malo en principio porque ciertamente nuestras FF.AA. están casi literalmente abandonadas desde hace más de una década, pero sería grave que se condicione el otorgamiento de justos recursos al apoyo político castrense. Dentro de esto llama la atención el globo de ensayo lanzado para formar un “Comando Conjunto Político Militar” (sic). Con un modelo de esa naturaleza el Perú adoptaría automáticamente un modelo cubano irreversible.
Hasta hace poco, voceros de los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea repetían que se mantendrían dentro del principio de no intervenir salvo se produjese una infracción constitucional declarada por el Congreso o una grave conmoción social. La Operación Patriota, que golpeó duramente los suministros financieros al gobierno provenientes del narcotráfico en el VRAEM, alentaron esa visión constitucionalista.
Hoy nada definitivo puede afirmarse. Entre tanto, la PNP ya ha sufrido una intervención drástica en su estructura de mando y se avanza sobre coroneles y comandantes, a quienes órdenes generadas por estrategas de fuera del país están atacando para que se alineen con el gobierno de izquierda. Muestra de eso es lo que están terminando de hacer con el servicio de inteligencia policial y las divisiones encargadas de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Frente a está arremetida brutal la solución más viable es la acusación que formularía la Fiscal de la Nación para que el Congreso suspenda al presidente inaplicando el artículo 117 de la Constitución. El proyecto es legal y legítimo pero el proceso se plantea complicado.
Si a eso se le suma el factor desestabilizante de Antauro Humala el panorama es poco alentador. Y si no se logra la remoción pronta de Castillo existe una gran probabilidad de que el proyecto de la corrupta dictadura narco-comunista termine de implantarse en una república ya infestada por miles de funcionarios estatales filosenderistas. No queda más remedio, entonces, que seguir en la lucha democrática con todo.
(*) Analista político
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