La suspensión de actividades del USAID, con el consiguiente congelamiento de fondos a una vasta red de ONG, periodistas y medios de comunicación a nivel global, sigue trayendo cola en el Perú.
En un acto de desesperación, personajes repudiables del mundo oenegero de la esfera caviar y marxistoide reclaman por una supuesta persecución política. Un caso patético es el del portal informativo Epicentro, que pese a haber reconocido que recibió fondos de USAID, considera que su directora, Clara Elvira Ospina, está bajo ataque.
Ridículo. Ospina sí es un personaje no solo polémico sino detestable como afirman cuantos tuvieron la desgracia de ser sus subalternos en Canal N y América Televisión. Entre los múltiples testigos hay periodistas de fuste como, entre otros, Jaime De Althaus y Augusto Thorndike.
Ospina ha sido acusada por el gran operativo político que, a pocos días de la segunda vuelta electoral del 2016, perpetró al acusar a Keiko Fujimori de ser narcotraficante ofreciendo “pruebas” que la DEA descalificó plenamente. Ese gravísimo episodio ha quedado en la impunidad, pero subsisten preguntas claves: ¿por qué se permitió -y se permite- que una colombiana interfiera en asuntos políticos de soberanía interna del Perú? ¿Cuan vasta es la red internacional que opera en las manipulaciones o psicosociales que se le atribuyen? ¿Por qué la financian y a quien sirve? ¿No correspondería que fuese expulsada de nuestro país?
Despreciarla no tiene que ver con su condición de mujer y de periodista; el escrutinio público tiene derecho a opinar sobre un personaje extranjero, sinuoso y peligroso para la seguridad interna del Perú. Y que se recuerden sus antecedentes de favorecimiento a las FARC y de supuesta traición al ejército de Colombia también pesa en el espíritu crítico.
La otra ONG que nuevamente está en pie de lucha y queja por haberse revelado que recibía fondos de USAID (y de fundaciones execrables como la de Soros) es el IDL. Sin embargo está largamente demostrado que esa entidad se infiltró progresivamente en el sistema judicial y fiscal peruano, cultivando influencia decisiva sobre jueces y fiscales en todos aquellos casos de relevancia política (como el de Lavajato), al punto de tener capacidad decisiva sobre los procesos respectivos. Además desde su brazo “periodístico”, IDL Reporteros, organizó amplias campañas de demolición de cualquier personaje o funcionario ajeno a sus intereses. Sin embargo, hasta este momento, y pese a haberse probado el tráfico de influencias y de documentos oficiales, se mantiene la impunidad total.
Un tercer caso clamoroso es el de la ONG Manuela Ramos, cuyas cabecillas hoy lloran por supuestos agravios cuando en realidad sí está demostrado que recibieron ingentes fondos de USAID para fines terribles como el aborto masivo, y encima tuvieron la sinvergüencería de destinar el 73% de lo percibido en gastos administrativos (sueldos, por ejemplo).
En fin, el llanto caviar no nos conmueve; y dejamos constancia de que falta por conocer la magnitud del escándalo de USAID en el Perú. ¿Por qué destinaban fondos para la anti minería, quizá para favorecer a Chile? ¿Pasó lo mismo con la industria pesquera y la forestal? ¿La difusión de la ideología progresista y woke fue solo producto del azar o se instrumentalizó para lanzar a los jóvenes a desbordes como el golpista de noviembre de 2020?
La congresista Rosselli Amuruz ha pedido una investigación desde el Congreso. Cuando salgan más pruebas y evidencias habrá destapes singulares y gravísimos. Por ahora la batalla se está librando solo en las redes sociales y mediáticamente.
(*) Analista político.
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