El Congreso de la República aprobó la semana pasada con 87 votos a favor, 22 en contra y 9 abstenciones el proyecto de ley 4952 que modifica la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento para regular los supuestos de clausura de establecimientos. Este proyecto fue presentado en medio de gran polémica con las municipalidades por el desaparecido congresista Hernando Guerra García y ha sido aprobado de modo exprés, a manera de homenaje póstumo y exonerado del trámite de la segunda votación.
Lamentablemente esta norma ata de manos a las municipalidades en el control de la calidad de los establecimientos, en la exigencia del cumplimiento de las normas y en la protección al consumidor. Las causales de clausura temporal se han fijado de modo tan específico que lejos de ser una protección para el libre mercado y el emprendimiento, se convertirán en una amenaza para la calidad de los servicios.
Mucha gente aplaude esta reforma y celebra que las municipalidades vean disminuidas sus facultades. Es cierto que en muchos casos hemos visto que malos alcaldes hacen mal uso de esta prerrogativa, pero en ese caso existen los mecanismos de los administrados para defenderse de esos abusos de poder.
Así como durante varios años hemos asistido a una campaña de desprestigio del congreso, ahora se está gestando una campaña similar contra los alcaldes. Ese tipo de tendencias son muy peligrosas y hace muy mal cierto sector del Congreso al confundir la necesidad de reformas liberales que simplifiquen la vida de los agentes económicos, con la disolución de la autoridad municipal que es la más cercana al ciudadano.
La crisis política de los últimos años, así como la decadencia de nuestra clase política hizo que los cargos públicos parezcan deleznables, casi desechables. Personajes infames como Vizcarra y su corte caviar que a diario lanzaban argumentos y estrategias de como cerrar el congreso, la posterior sucesión de vacancias presidenciales, la manifiesta corrupción de personajes como Susana Villarán y su mafia, Pedro castillo y toda la ola criminal del narcocomunismo chavista, han generado en la población una idea de que hay que tener autoridades castradas, incapaces de decidir nada. Eso solo va a generar un marasmo y una apatía política que nos llevará a un círculo vicioso cada vez peor.
Instituciones constitucionales que antes se encontraban en una urna de cristal y protegidas bajo siete llaves como la vacancia presidencial, el cierre del congreso, la revocatoria de alcaldes, que en doscientos años de república se habían usado en dos o tres ocasiones se han bastardizado al extremo que ahora a la menor incomodidad surgen en el debate como medidas comunes. En los últimos años hemos tenido más de estos eventos que procesos electorales normales. Urge volver a centrarnos. Recuperar el prestigio de las instituciones. Recordar que la Presidencia de la República encarna a la Nación y que no podemos votar por cualquier rufián ni oportunista para ocuparla. Tomar conciencia que el parlamento es fundamental para el funcionamiento de la república, es el primer poder del estado, debe recuperar la prestancia que tuvo antaño, el respeto que hace apenas tres o cuatro décadas inspiraban nuestros congresistas. Ademá hay que empoderar a nuestros alcaldes respetando sus fueros y no debilitándolos.
(*) Analista politico
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
