Desde su proclamación, fue cuestionada la elección de la señora Dina Boluarte Zegarra como vicepresidenta de la república, este cuestionamiento respondía a que ocupaba un cargo en RENIEC el que colisionaba con su postulación al Congreso. ¿Como era posible que se le sacara de la carrera por una curul, cuando también debió ocurrir lo mismo por estar candidateando a la vicepresidencia?
No obstante tener el cargo de ministra de Estado desde que se inició la actual administración, retenía su puesto en RENIEC con licencia sin goce de haber, cuando lo que debió hacer es renunciar apenas obtuvo el nuevo cargo obtenido en el ejecutivo. Esto, porque la licencia no obstante ser sin goce de haber, implica mantener el vínculo laboral. Su renuncia a RENIEC recién se hizo efectiva el 11 de abril de 2022. Son pues nueve meses donde su cargo de ministra de Inclusión Social ha estado en incompatibilidad con el suspenso de su labor en RENIEC, algo insólito en la historia de los funcionarios peruanos de alto nivel y que ni el Congreso ni la Contraloría dieron cuenta de esta anómala situación.
Y quisiera en esto subrayar que me refiero exclusivamente a las incompatibilidades de la señora Boluarte como ministra de Estado, con el de jefa de una oficina de RENIEC, y no hago mención a su elección como vicepresidenta de la República. Mientras que el ministro de Estado ejecuta y promueve políticas para el gobierno del país; el vicepresidente no tiene otra función que la de ser el reemplazo del presidente de la República, mientras no reemplace al presidente su situación queda en la mera expectativa. Este reemplazo es temporal, cuando se hace cargo del despacho en el momento que el presidente está fuera del país; o es permanente cuando el mandatario es vacado o renuncia a su cargo.
Recientemente, la Contraloría a emitido el informe de fiscalización específica n° 005- 022-CG/FIS-FEDG sobre las declaraciones juradas presentadas por la señora Dina Boluarte, y encuentra actos incompatibles como su función de ministra de Inclusión Social, destacándose entre otras que 1) intervino en la gestión del Club Apurimac; 2) no consignó en su declaración jurada su participación en la gestión del Club Apurímac, así como tampoco de la Asociación de Clubes Departamentales y 3) no informó sobre sus ocho cuñados en su declaración jurada, cuando esto debe ser precisado por la ley 31227; un cuñado y un hermano trabajaban para la municipalidad de Pueblo Libre, además que ambos están impedidos de contratar con el Estado.
Con todas estas vulneraciones a las normas de transparencia, se debe resaltar que la ministra Boluarte es jurista y tiene colegiatura del Colegio de Abogados de Lima que a la fecha se encuentra inactiva, por tanto, no puede por su profesión irrogarse la ignorancia de las normas.
La violación de los párrafos segundo y tercero del artículo 126° de la Constitución es contundente, ya que su cargo de ministra le exige exclusividad, y no puede ser gestor de intereses de terceros, ni intervenir en la dirección o gestión de asociaciones privadas. Si la señora Boluarte firmó documentos del Club Apurímac, para supuestamente regularizar actos anteriores, lo que la ligaba a ese Club era justamente su licencia, porque de haber renunciado, como era lo pertinente, no tenía por qué seguir firmando por actos pasados.
Con su lamentable participación en Davos, la señora Boluarte ha demostrado que está en iguales condiciones que el presidente Castillo, el papelón mayúsculo en el foro económico mundial atacando a la oposición y sorprendiendo a los inversionistas como si no estuvieran enterados de lo que sucede en nuestro país, escusaba la inoperancia del gobierno porque la oposición no les deja gobernar o que la minería formal contamina nuestros valles. El Congreso tiene la responsabilidad de ejecutar una sanción ejemplar y así tener la libertad de dedicarse al canto u otra actividad más apropiada.
(*) Abogado y excongresista
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