El gran maestro Manuel González Prada ya lo dijo en su obra “Páginas libres” (1894): “Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz”.
Por nuestra propia historia como país, por los supremos valores de la verdad y la justicia, siempre debemos romper tal pacto que ha hecho tanto daño a nuestra sociedad peruana, cuidando a su vez de respetar la regla fundamental en política. “No se debe criticar al hombre, sino a los actos del hombre”.
Dentro de esa línea de pensamiento, nos hemos enterado hace poco que existe un proyecto de ley, presentado por congresistas de la bancada del partido Alianza para el Progreso (APP), que plantea que sea el Congreso de la República y no la Junta Nacional de Justicia (JNJ) -como es ahora- el órgano que destituya a los jueces y fiscales supremos.
Un órgano estatal, como es el Congreso de la República, que tendría a la fecha una desaprobación mayor al noventa (90) por ciento, carente en realidad de legitimidad social, pretende asumir una función en exclusividad referida a la destitución de los magistrados supremos del Poder Judicial y del Ministerio Público, como si la destitución solamente se refiriese a la comisión de determinados delitos.
La JNJ, de acuerdo a su Ley Orgánica y a su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, puede destituir a los jueces y fiscales supremos por la comisión de una falta disciplinaria muy grave; esto es, no necesariamente se destituye a los magistrados por la comisión de determinado delito.
En cambio, según el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, el Congreso solamente puede destituir a los jueces o fiscales supremos acusados por determinados delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Como se ve, hay dos niveles en la destitución de magistrados supremos: El nivel de las faltas disciplinarias muy graves, a cargo de la Junta Nacional de Justicia, y el nivel de la comisión de determinados delitos a cargo del Congreso de la República.
Pese a la claridad de los niveles de destitución en mención, el proyecto de ley en cuestión ha sido derivado a la Comisión de Constitución -presidido por el fujimorismo-, buscando que la única vía para la destitución de los magistrados supremos esté en las exclusivas manos del Congreso.
La pretendida justificación del proyecto de marras refiere que es para fortalecer al Poder Judicial y al Ministerio Público. Nada más falso.
(*) Analista politico
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
