En el colmo del desparpajo, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, acaba de cometer una nueva arbitrariedad al denunciar constitucionalmente ante el Congreso al expresidente de la República Manuel Merino, a su efímero primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y a su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, como autores de los supuestos delitos de homicidio, en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y lesiones en agravio de otros 78 ciudadanos, que salieron a protestar a las calles el pasado 14 de noviembre, tras la justa vacancia congresal contra el inefable Martín Vizcarra por incapacidad moral.
Los acusa de haber actuado, con “dolo eventual” y por “omisión impropia”. En doctrina de derecho penal, el dolo eventual es cuando al agente del delito se le representa la posibilidad de un resultado concomitante (el ilícito) y este lo asume dentro de la posibilidad del resultado. En buena cuenta, le da lo mismo que la víctima muera o se salve. La omisión impropia no es otra cosa, que, al tener la calidad de garante con relación a la víctima, no haber actuado en protección del bien jurídico penalmente tutelado. Es un dejar de hacer sus funciones que estaba obligado por ley. Sin embargo, la fiscal Ávalos, fue la “Blanca Nélida Colán” del régimen vizcarrista, pactó con el corrupto exmandatario cuando asumió la dirección del Ministerio Público, y se dedicó a perseguir a los adversarios políticos del gobierno, y hacerse de la vista gorda de las tantas denuncias de corrupción que pesaban sobre el propio Vizcarra.
Tuvo la desvergüenza de reunirse a solas en Palacio de Gobierno después de un Consejo de Estado, con el propio Vizcarra, para tratar de “empapelarme” con denuncias falsas (por ser uno de los que lideraba la oposición desde el Parlamento) cuando era congresista. Cuando los audios de la secretaria de Vizcarra salieron a la luz pública, la denuncié ante Defensoría del Pueblo, pidiendo garantías. Recordemos que direccionó un burdo operativo hacia el aeropuerto pensando que el todavía presidente Merino se estaba escapando del país. Una vergüenza. Ahora, tratando de manchar honras, denuncia a personas honorables como Ántero Flores-Aráoz, notable abogado y político, ex congresista y ministro de Estado, al igual que a Manuel Merino, varias veces parlamentario. Ninguno de los dos podía saber lo que iba a acontecer aquella aciaga noche con una turba que engañada y empujada por poderes fácticos y grupos caviares estaba enardecida y su destino final era la quema del Palacio Legislativo. Ambos actuaron sin ninguna responsabilidad penal en las lamentables muertes. No hay una sola prueba, ni indicio razonable que justifique la denuncia constitucional contra estos distinguidos personajes, excepto el rencor y el odio de una persona ética y moralmente minusválida. El abogado de la defensa de las pobres víctimas, que hace poco fuera sancionado por su institución por patrocinar a un violador de menores, señala que “Merino era golpista”, defendiendo sin pudor a un impresentable como Martín Vizcarra, que no se cansó de robar y mentir, e implicado en el escándalo del “vacunagate”.
Nosotros vacamos a un ser humano despreciable aplicando los mecanismos constitucionales. El breve gobierno de Merino y Flores-Aráoz fue legítimo. Nuestra solidaridad con Ántero y con Manuel. El Congreso debería archivar esta infamia. Si estuviéramos en un país medianamente civilizado, la denunciante debería estar en la cárcel, pero parece que estamos en el Macondo imaginario de García Márquez.
(*) Exvicepresidente de la República
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
