Cuando ejecuten la extradición de Alejandro Toledo y lo traigan a Lima para que comparezca ante tribunales peruanos por sus delitos, sería recluido en el centro penitenciario de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el fundo Barbadillo. Allí, precisamente, se encuentran internados otros dos expresidentes, Alberto Fujimori (28 de julio de 1990 – 21 de noviembre del 2000) y Pedro Castillo (28 de julio de 2021 – 7 de diciembre de 2022). Tres ex jefes de Estado estarían encerrados en una misma prisión, algo que puede resultar anecdótico, pero que dice mucho de qué tipo de inquilinos hemos tenido en Palacio de Gobierno.
En dicho presidio también estuvieron el exmandatario Ollanta Humala (28 de julio de 2011 – 28 de julio de 2016) y la misma suerte hubiera corrido Pedro Pablo Kuczynski (28 de julio de 2016 – 23 de marzo de 2018) si, en la ya clásica jugada de los corruptos, no se interna en una clínica para evitar su encierro, luego de la orden que dispuso su captura en abril del 2019.
Casi todos los expresidentes del Perú, después del último gobierno de Fernando Belaunde, cayeron en prisión al estar involucrados en actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht. Y eso sin contar con los más de 100 personajes vinculados a Fujimori (entre ministros, generales, asesores, etc.), la exalcaldesa Susana Villarán, la excandidata presidencial Keiko Fujimori y la ex primera dama Nadine Heredia.
Según Transparencia Internacional, el Perú es uno de los países con mayores índices de corrupción en Sudamérica y esa situación no ha cambiado ni siquiera durante el frustrado gobierno de Pedro Castillo, quien en su campaña prometía “no más pobres en un país rico”.
En el año 2021, los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron al país un perjuicio económico estimado en más de 24 mil millones de soles. En el 2022, pese a que la corrupción estuvo en la mira de la prensa y las autoridades, las cifras aumentaron y superaron los 25 mil millones de soles. Eso significa que los corruptos no creen en nadie, son avezados y angurrientos.
Toledo pasaría entre 15 y 25 años en la cárcel, Castillo va por ahí y tendrán su parte muchos implicados que también le dieron una mordida a la torta de la corrupción. Ojalá que los procesos judiciales de estos casos sirvan de ejemplo para que los futuros gobernantes se abstengan de mancharse las manos con dinero sucio. El final de un corrupto es bien triste y doloroso también para sus familias. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
