En varias oportunidades nos hemos referido a la postergación en la que se encuentran los quechuahablantes, así como los hablantes de aimara, sin olvidar a aquellos que hablan otras lenguas aborígenes.
Como se sabe, estas son lenguas oficiales en los lugares donde predominan, de acuerdo con el artículo 42 de nuestra Constitución, la cual también proscribe la discriminación por motivo de origen, raza e idioma, y reconoce el derecho de los peruanos a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete (incisos 2 y 19 del artículo 2).
La Ley 29735, modificada por la Ley 31986, regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias en nuestra patria. Todo muy bien, excelentes reconocimientos nominales, magníficos propósitos, pero lo cierto es que todo ello no va acompañado de acciones que saquen del ostracismo a las comunidades quechuas y aimaras, entre otras.
Los hablantes de quechua y aimara seguirán relegados y postergados, sin poder acceder a los avances tecnológicos modernos en este mundo digital en el que hoy vivimos, debido a que sus idiomas no contienen términos tecno-digitales, lo que debe obligar al Estado a preocuparse por la alfabetización tecno-digital.
Hasta ahora, solo hemos visto normativas y una infinidad de pergaminos y reconocimientos, pero nada que promueva la alfabetización tecno-digital. Recientemente, en el Congreso se aprobó la Ley 31986 en relación con el quechua y el aimara, con “floro” pero sin acciones. En el Ejecutivo, desde el Ministerio de Cultura, la alfabetización tecno-digital en quechua ha sido declarada como un aporte al Bicentenario de la República.
El Ministerio de Educación ha recomendado su aplicación en los centros docentes, y el Ministerio de Desarrollo Agrario se preocupó por lo mismo, pero el común denominador, son “palabras, tan solo palabras”, como dice la recordada canción.
Increíblemente, ha sido el Parlamento Andino, que lamentablemente no es resolutivo, quien ha recomendado la alfabetización digital para los habitantes de localidades donde predominen lenguas vernáculas. Esta recomendación ha caído en saco roto, pues ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo han hecho nada efectivo para incorporar a los hablantes de quechua y aimara al conocimiento de términos tecno-digitales que los igualen con la población que utiliza mayormente la lengua española.
Sabemos perfectamente que la población andina del sur del país está enojada con las autoridades del Estado. Sienten -aunque no sea cierto- que han sido avasallados por las Fuerzas del Orden ante sus protestas sociales y políticas a finales del año 2022 y principios del 2023. Estiman que sus denuncias no son atendidas, que su producción agrícola la tienen que vender a intermediarios por mucho menos de lo que en realidad debería ser su precio, y que el Estado no se ocupa de sus carreteras, establecimientos de salud y escuelas de manera suficiente.
Lo expuesto recientemente podría revertirse si, al menos desde el Estado, se dan muestras de rectificación y acción. Un ejemplo podría ser el anuncio desde el Gabinete Ministerial, en su próxima presentación ante el Congreso, de su intención de superar la brecha idiomática en temática tecno-digital, con acciones y plazos concretos. Ojalá no se pierda esta conveniente oportunidad para reconciliarse con los quechuas y aimaras.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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