Opinión

¡Soluciones! … ya es hora

Por: Juan Carlos Liendo O’Connor

El Perú enfrenta el período de violencia delincuencia y criminal más grave de toda su historia afectando a las personas más débiles e indefensas; la situación es tan grave que la prensa internacional ya alerta que, por el vacío de poder político, la crisis del estado de derecho, y por la falta del ejercicio del principio de autoridad, la criminalidad seguirá creciendo en Perú.

Esta crisis sin precedentes se debe al auge del Crimen Transnacional Organizado, que atraviesa fronteras y se expande por América Latina; y que en Perú desborda a los tres poderes del Estado; a estas alturas es indispensable reconocer que este tipo de criminalidad no es un simple problema de “policías y ladrones”, es de hecho un ataque en plena acción contra la Seguridad Nacional.

El crimen transnacional organizado tiene como finalidad consolidar las economías ilegales del narcotráfico y de la minería ilegal con efectos estratégicos de dimensión política, económica, social y de seguridad; prioriza la corrupción y cooptación de autoridades políticas y de las fuerzas de seguridad, y erosiona el tejido social del país. En países como México y Colombia, los criminales asumen funciones del poder político y del poder judicial, y controlan la actividad económica respaldados por sus propias fuerzas.

En este contexto, la respuesta de los tres poderes del Estado Peruano es totalmente fallida, mostrando una preocupante combinación de frivolidad, incompetencia, ineficiencia y corrupción, evidenciando que la seguridad de los peruanos no constituye para ellos el problema prioritario.

Ante la gravedad del panorama, la solución exige voluntad política e implementación de medidas excepcionales amparadas por la Constitución, las leyes y la institucionalidad vigente. Para ello resulta mandatorio convocar al Consejo de Seguridad Nacional, que es el espacio institucional para enfrentar crisis como las que atravesamos, en este espacio se determina la naturaleza del peligro a enfrentar, la política, los objetivos de Estado, el tiempo, el espacio geográfico, la estrategia, los planes, los recursos y los responsables para establecer las siguientes medidas de excepción: 1. Detenciones masivas; 2. Agravamiento de penas; 3. Jueces sin rostro; 4. Juicios sumarios; y 5. Cárceles temporales tipo prisioneros de guerra.

Estas acciones, enmarcadas en un plan de excepción liderado por el Consejo de Seguridad Nacional, deben ejecutarse en un periodo de seis a nueve meses. Este margen permitirá recuperar un importante espacio de tiempo para proporcionar tranquilidad y seguridad ciudadana a la población y sentar las bases para reformas urgentes en el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y la Policía Nacional. La creación de una policía de carácter civil y una Policía Científica es esencial para enfrentar este desafío con detectives profesionales, tecnología y profesionalismo. ¡¡¡Es hora de las Soluciones!!!

(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).

La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados

 

Artículos relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba