Es un axioma en materia política que los gobiernos deben acreditar a lo largo de su gestión que esta es eficiente, eficaz, transparente, y sobre todo que tenga una visión del mediano y largo plazo: es decir, que haya una perspectiva de largo alcance.
Lo que sucede en nuestro país con el gobierno actual es lamentable, conocemos la forma tan deficiente como se viene prestando los servicios públicos y no me refiero solamente a aquellos que están bajo la administración del Estado, sino también a aquellos que están bajo la fiscalización y regulación del Estado, lo que implica en este caso un doble fracaso. Pero lo más resaltante en torno a esta materia es el hecho de los nombramientos; semana a semana podemos observar que muchas de las personas que son nombradas en cargos de confianza a los pocos días son descubiertos o, mejor dicho, desnudados en su real dimensión. Lamentablemente, son personajes que tienen prontuario policial o judicial, son personas que no reúnen los requisitos exigidos para el cargo, son personas que demuestran deshonestidad y un terrible desconocimiento sobre la materia.
Un caso que ilustra de manera supina lo que señalo es el de la Procuraduría General de la República en donde a punta de bandazos se viene nombrando a personajes que son impresentables para ejercer tan alta función. La única explicación para situaciones como esta es que el gobierno carece de cuadros, que los técnicos se niegan a prestar servicios a este gobierno o, lo más creíble, es que son funcionales a los intereses del gobierno.
En el caso de la Procuraduría no se requiere de un abogado independiente, autónomo, sagaz e inteligente; se requiere uno que solo sepa ver, oír y callar. En otras palabras, que sirva de sombra a la actuación gubernamental y que, finalmente, se convierta en un punto de apoyo en la lucha de este gobierno por impedir el conocimiento de la verdad de muchas de las situaciones judiciales en las que se ve envuelto.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
(*) Exministro de Justicia
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