Con buen criterio, el Congreso de la República complementó las atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la cual podía fiscalizar la procedencia de las donaciones o colaboraciones económicas internacionales, ya sea en dinero o en especie, dirigidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúan en nuestro país, así como el objetivo, al menos teórico, de dichas donaciones.
La ampliación autorizada por una reciente ley permite también fiscalizar si las donaciones en cuestión se utilizan de conformidad con su destino programado o no, ya que en ciertos casos había evidencias, e incluso certidumbre, de que parte de estos fondos se empleaban en otros menesteres, algunos incluso en contra de los intereses de la Nación.
Bueno pues, aunque deberíamos decir “malo pues”, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), constituido por la Comisión y la Corte del mismo nombre, exige al Estado peruano que dé marcha atrás y derogue la ley de ampliación de facultades fiscalizadoras de la APCI, argumentando el seguimiento del cumplimiento de alguna resolución condenatoria contra el Perú.
El Perú debe hacer sentir su protesta por esta indebida intromisión del SIDH, que no es de su competencia y que, además, no es la primera vez que ocurre. El SIDH avanza en sus impertinencias y sigue impertérrito porque, lamentablemente, los países que lo integran pecan de indolencia o se muestran tolerantes, aceptando sin protesta sus desatinos.
Aunque tardíamente, el Perú comenzó a tomar distancia de los desaciertos del SIDH en 2007, planteando modificaciones en la OEA. Recién en 2023 se retomó este tema, tramitándose proyectos de ley para hacer reformas en el sistema. El 18 de enero de 2024, el Pleno del Congreso aprobó una ley para nombrar una comisión de altísimo nivel que diagnostique al SIDH y proponga a la OEA reformas que permitan que dicho sistema recobre su accionar primigenio, sin desbordes ni intromisiones indebidas. En caso de no efectuarse dichas reformas, el Perú quedaría autorizado a retirarse del sistema con un preaviso de un año, conforme lo estipula el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Poder Ejecutivo, presidido por la señora Boluarte, observó la autógrafa de la ley. Ante esto, la Comisión de Constitución del Congreso dictaminó la insistencia en el texto original el 25 de marzo último, y desde el 14 de abril pasado se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso para su debate y decisión.
El Congreso debe apurarse en el tema y resolverlo positivamente, pues esto también constituye una llamada de atención al sistema ante el desborde arrogante de sus pretendidas facultades. Si no se hace nada y se permite que el SIDH siga actuando más allá de sus atribuciones convencionales, la responsabilidad recaerá en el Congreso. Sin embargo, esto no impide que el Poder Ejecutivo proceda con la correspondiente denuncia a la Convención. En caso de que el sistema se reforme positivamente, el Perú siempre podrá reinsertarse.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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