La crisis terminal del gobierno se ve agravada por el doctor Aníbal Torres con sus comentarios fuera de lugar. Parece que la decisión de relevarlo ya está tomada y se busca arduamente un reemplazante, sin éxito hasta ahora, porque me temo que políticos competentes no querrán verse envueltos en este zafarrancho de gobierno.
Dicen que la búsqueda, inclusive, se extiende a la oposición, quizás pretendiendo rememorar la decisión del presidente Manuel Prado que en 1959 designó como primer ministro y ministro de Hacienda -como se llamaba entonces-, al líder opositor y director de La Prensa don Pedro Beltrán Espantoso, el cual estabilizó el país y dio mucha confianza económica.
Pero en este régimen de desorden, a la vez que pretende encontrar al quinto gabinete sin injerencia de Perú Libre ni del entorno personal de Pedro Castillo, a decir del Cardenal Barreto a la salida de Palacio, surgen ideas trasnochadas con las cuales quieren recuperar la iniciativa pero no son más que fuegos artificiales para tapar las graves denuncias de corrupción que asolan al gobierno. Una de esas, es el proyecto de ley para convocar a elección de 300 representantes populares para una Asamblea Constituyente; para ello parten de una falacia, que la crisis económica, ambiental, política y social generada por el fracaso del modelo económico.
No señores de Perú Libre, el modelo económico de Economía Social de Mercado, si bien es perfectible y puede requerir ajustes, por el contrario ha permitido al Perú un nivel de desarrollo económico por encima del promedio latinoamericano en los últimos 30 años, con la especial mención que gracias a una mejor política redistributiva, en el gobierno del presidente Alan García, redujimos la pobreza más de 20 puntos porcentuales, la desnutrición infantil, el analfabetismo y dimos trabajo digno, agua potable y electricidad a millones de peruanos.
Rechazamos la pretensión de hacer del Perú un Estado plurinacional, igual que Bolivia. El Perú históricamente es una Nación unitaria que no está para plagios de otras realidades.
El resto del proyecto es un mamarracho que no será aprobado por el Congreso y ahí quedará, pero contribuye al desorden.
El otro es el proyecto de reforma constitucional del capítulo económico de la Constitución del Ejecutivo, presuntamente para combatir los monopolios, pero acaso no saben que por iniciativa del APRA se gestionó con gran esmero y respaldo académico y profesional, la Ley de Control de Fusiones y Adquisiciones o Ley Antimonopolio, aprobada en el Congreso 2016-2018 y que al trabarse su proceso por el cierre del Congreso, terminó siendo promulgada en enero de 2021 como Ley 31112, como calco y copia de nuestro proyecto.
Como podemos apreciar, ambos proyectos lo único que harán es espantar las posibilidades de inversión en el Perú cuando los precios de las materias primas nos son favorables por elevados; a esto sumémosle la parálisis en sector minería entregado irresponsablemente al grupo cerronista que afecta el 20% de la producción nacional.
Con esas propuestas descabelladas y estatistas será imposible encontrar un primer ministro serio; lo mejor es la renuncia y nuevas elecciones.
(*) Excongresista de la República
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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