Hace algunos años cuando estaba de congresista, aprecié que de manera reactiva cada delito con resonancia mediática tenía como respuesta elevar las penas pero era obvio que no surtía ningún efecto disuasivo sobre los autores de hechos criminales.
Pensamos con un equipo de especialistas en salud mental que más bien había que ir a la raíz del problema y era aparentemente la salud mental de nuestra población, ausente totalmente en la atención del Estado en esta materia, lo que había que atender. Formamos un equipo de alto nivel profesional y trabajamos un proyecto de ley que se transformó en la Ley 30947 de Salud Mental, promulgada el 29 de mayo de 2019. El primer logro fue colocar en el mapa político el tema.
Lastimosamente y hasta ahora la personas con dolencias mentales, que son por lo menos el 10% de la población, no tienen a su alcance como debiera las atenciones médicas especializadas, no solo por la escasez de psiquiatras, casi todos concentrados en Lima, sino porque por razones económicas no acceden ni a los médicos ni a las medicinas, como tampoco a los psicólogos. La accesibilidad, cobertura sanitaria universal, confidencialidad, dignidad, equidad e inclusión social fueron principios asegurados en la norma al declararlo como el derecho a ser atendidos, ser informado y recibir servicios y medicamentos en forma oportuna, continua, integral y digna.
La intención de la ley fue poner la atención de salud mental al alcance de la población y eso requería una decidida participación del Estado, que para empezar la ley ordenó elevar a nivel de Dirección General la Oficina pertinente en el Ministerio de Salud. Se priorizó a la población vulnerable como la primera infancia, adolescencia, mujeres y adultos mayores, pobres, personas abandonadas, etc., bajo un enfoque de derechos humanos. Se incentivó la instalación de Centros de Atención de Salud Mental Comunitarios como eje estratégico de la política pública.
Se hizo obligatoria la provisión de psicofármacos en los centros de salud y su inclusión en el Petitorio Nacional de Medicamentos. Se dispuso que los Seguros públicos y privados presten cobertura y medicinas, lo cual era una grave deficiencia, pero aún está en fase de implementación.
Se ordenó que las farmacias tuvieran un stock mínimo de 30% de genéricos. Se hizo obligatoria la evaluación mental para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y los exámenes médicos ocupacionales.
Se dispuso que en las instituciones educativas básica y superior implementen programas de prevención. Se promovió incrementar el residentado de psiquiatría y la incorporación de cursos básicos de salud mental en diversas carreras para que profesores, policías puedan comprender y no reprimir por ignorancia los comportamientos de personas con trastornos leves.
Finalmente, se abordó la problemática del uso y trastornos causados por consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, nicotina y drogas. Esto debe ser la base para que las taras del alcoholismo y el consumo de drogas también sean atendidos por el Estado.
Hoy que vemos expresiones gravísimas de trastornos mentales, como los asesinatos con premeditación y alevosía, quizás como consecuencia del encierro de la pandemia, es necesario relanzar la política pública de salud mental. La ley ya está reglamentada por el D.S. 007-2020-SA.
Faltan más recursos y decisión política.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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