El pasado 24 de noviembre se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros dirigida en esta ocasión por el entonces presidente del gabinete, el doctor Aníbal Torres.
En dicha reunión se estableció que la posición adoptada por el Congreso de la República de rechazar de plano la cuestión de confianza implicaba una denegación fáctica y, por consiguiente, se computaba para la posibilidad de que el presidente de la República, tras una segunda crisis ministerial, pudiera disolver el Congreso.
Sobre esto es necesario señalar varias cosas.
Primero: Esa decisión implica una infracción a la Constitución Política del Perú; para ser más precisos, una infracción a los artículos 38 y 128 de la Constitución, que conlleva a través de un juicio político la inhabilitación en ejercicio de los derechos políticos.
Segundo: Tal como lo ha señalado el doctor Mario Amoretti, conlleva también a una denuncia penal por la comisión del delito de falsedad ideológica habida cuenta que se trata de un documento público que contiene información claramente opuesta a la realidad de los hechos porque el Poder Ejecutivo no puede calificar las decisiones del Congreso porque así se lo impide la ley 31355.
Tercero: La designación de la congresista Betssy Chávez como nueva presidenta del Consejo de Ministros es una clara provocación del Poder Ejecutivo y una incitación a que no se le otorgue el voto de investidura, situación que sería la correcta considerando que no se le puede otorgar la confianza a alguien que anteriormente ha sido censurada por incompetente, que tiene una denuncia fiscal por la comisión de delito en el ejercicio de las funciones y que en el poco tiempo que tiene en la actividad política se ha caracterizado por tener un comportamiento procaz y, sobre todo, prepotente. El Poder Ejecutivo quiere que arda Roma.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
(*) Exministro de Justicia
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