En un artículo anterior, denunciamos los peligros del “gobierno de los jueces”, donde se ha producido una distorsión de la justicia y una intromisión indebida del poder judicial en asuntos que no le competen. Esto, ya sea por una marcada ideologización o por un exceso de influencia en otros poderes del Estado, puede poner en riesgo la gobernabilidad democrática, la eficacia del sistema político e incluso derivar en una dictadura.
Los jueces y fiscales, al no tener responsabilidad ante el electorado, carecen de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Cuando estos actores están influenciados por intereses políticos o ideológicos, el poder judicial se vuelve vulnerable, se corrompe y puede convertirse en una herramienta de presión de grupos políticos, perdiendo así su razón de ser. En el caso particular de la eutanasia, es evidente que la legalización a través de una sentencia judicial no es el camino adecuado, ya que la competencia para establecer o eliminar derechos recae exclusivamente en el Poder Legislativo.
Sin embargo, en esta “dictadura ideológica judicial”, se ha dado el caso del asesinato de Ana Estrada, en el que se legalizó la eutanasia bajo la figura del “suicidio asistido”, una acción que no está contemplada como un derecho en la Constitución del Perú. Un juez o un grupo de jueces no puede reemplazar el debate parlamentario, ya que los magistrados están para hacer cumplir las leyes, no para crearlas. En el caso de Ana Estrada, el juez ha pasado por encima del derecho a la vida y a la dignidad humana, reconocidos en la Constitución, así como también ha atropellado la autonomía del Congreso para debatir cambios en las leyes.
Luego de la muerte de Ana Estrada, ha quedado en evidencia que tras todo este tinglado existe una estrategia del progresismo homicida para introducir la eutanasia en el Perú. En las redes sociales se han dado intensos debates, con Josefina Miró Quesada Gayoso, bautizada por el ingenio popular como el “ángel de la muerte”, por ser la abogada que defendió el caso de Ana Estrada.
Ante la sentencia que contravenía la ética médica, todos los médicos de EsSalud se declararon objetores de conciencia. Según el “ángel de la muerte”, un médico de la familia de Ana fue quien la mató, lo que generó un gran debate en torno al anonimato del médico y a los posibles nuevos casos similares que se estarían impulsando.
La progresía mendaz y homicida ha cerrado filas en torno a Josefina Miró Quesada Gayoso y su negativa a debatir el tema y revelar el nombre del médico y el método utilizado para matar a Ana Estrada. La pregunta sigue planteada: ¿quién mató a Ana Estrada?
(*) Analista político.
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