Para entender qué está sucediendo en Las Bambas y porqué la propia empresa china tomo la decisión de suspender sus operaciones, por tercera vez en lo que va de este gobierno, es importante conocer la complejidad y particularidad de los conflictos sociales que enfrenta en estos meses, de un gobierno que se ha dedicado a exacerbar las emociones de las comunidades campesinas que hace buen tiempo buscan la atención del Estado.
Primero entendamos que todas las últimas manifestaciones de protesta y los bloqueos de la carretera se han dado en el llamado Corredor Minero, que abarca casi 300 km de vía que viene desde Chalhuahuacho y Mara en la provincia de Cotabambas en Apurímac, pasando por el Cusco con los distritos de Colquemarca, Ccapacmarca, Velille, Santo Tomas en la provincia de Chumbivilcas y también en Coporaque en la provincia de Espinar.
El total de comunidades campesinas, en todo el corredor minero, demandan indemnizaciones por el uso de la carretera por el transporte del mineral en camiones encapsulados y cuestionan la recategorización a vía nacional, por la Resolución Ministerial N° 372/MTC/2019, porque consideran que se ha dado de manera inconsulta y además han perdido la capacidad de negociar directamente con la empresa minera, al ser una vía nacional.
El problema actual de la invasión del asiento minero, por parte de la comunidad campesina de Fuerabamba corresponde a otro problema distinto, a lo acontecido en los últimos meses, se trata de la comunidad que fue reasentada, para que se construya el primer tajo abierto denominado Fuerabamba, proceso que se realizó mediante acuerdo comunal del año 2010 y que se suscribió un contrato notarial de permuta en el año 2013 y que tuvo una adenda en el 2014, para precisar el “Compendio de acuerdos” de 171 compromisos establecidos para concretizar el reasentamiento de toda la comunidad.
Uno de los compromisos en controversia es por los terrenos del Nuevo Fuerabamba, que comprende un conjunto de 441 viviendas para las 514 familias que fueron reasentadas, sobre los terrenos de las comunidades de Chila (123 Hectareas) y Choaquere (150 Hectareas), que vendieron esa superficie de terrenos comunales en el año 2011 a la empresa minera Las Bambas y que hoy reclaman, porque no están de acuerdo con esa transacción, por considerar que los montos pagados son irrisorios y no se consideró la plusvalía.
Por este problema de las dos comunidades de Chila y Choaquere, la comunidad de Fuerabamba ha retornado a sus terrenos comunales en el sector de Taquiruta, con el objetivo de ejercer presión social a la empresa para que cumpla con los supuestos incumplimientos del Compendio de Acuerdos del 2014.
La realidad es que a la fecha la empresa minera ha cumplido con el 72% de los compromisos establecidos, inclusive antes del reasentamiento ya había cumplido con 101 compromisos. Ahora se presentan problemas con el crecimiento demográfico de la comunidad, ahora habría más de 600 familias, de las 514 iniciales con las que se firmó el convenio marco. Lo otro es la demora en los trámites en Registros Públicos para entregar los títulos de propiedad del Nuevo Fuerabamba que recién se dio en el año 2019 y generó estas demandas de devolución de sus terrenos comunales.
El gobierno de Castillo debería conocer estos detalles, para entender la complejidad de las demandas sociales en Las Bambas y así poder abordar la atención integral de estas demandas, dejando de lado sus sesgos ideológicos y garantizar la paz social, para garantizar la inversión y los beneficios para Apurímac y todo el Perú.
(*) Ex congresista de la República
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