Uno de los derechos humanos y ciudadanos más preciado, es el derecho a la reunión y a manifestarse políticamente, así como a formular solicitudes y peticiones ante la autoridad. Tal derecho está reconocido y protegido por nuestra Constitución y también lo fueron por las que la han precedido, pero asimismo por los tratados de Derechos Humanos de los cuales el Perú es partícipe, como la Convención Americana sobre la materia.
Como todo derecho, el que hemos mencionado tiene obligaciones correlativas, como es que las reuniones sean pacíficas y sin armas, esto es que se proscribe toda forma de violencia, la que no solo no debe darse en la vía de los hechos sino tampoco de las expresiones, ya que, si bien somos libres de expresarnos, ello lo tiene que ser sin mancillar reputación o buen nombre de los demás.
No olvidemos que la violencia genera más violencia, incluso la verbal, y que una vez lanzadas las palabras, son como las piedras, no regresan ni se las lleva el viento, quedan dichas y ello dificultará posteriormente ponerse de acuerdo, sobre todo en temas políticos y de gobernabilidad, en que se requiere de una atmósfera de paz y de concordia para llegar a acuerdos, soluciones y ello solo será posible concertando entre las diferentes posiciones políticas que se presentan en el país.
Dentro de los escenarios para llegar a acuerdos políticos, indiscutiblemente es el Congreso de la República el más adecuado, ya que en él se encuentran representadas, usualmente, las diferencias tendencias políticas que existen en el país, pero si tenemos en cuenta que no todas las agrupaciones políticas tienen curules en el Parlamento, requeriremos de otros foros adicionales en que se encuentren las agrupaciones políticas sin asiento congresal, y uno de los foros adecuados para ello puede ser el Acuerdo Nacional, que podría ampliar su cobertura con la participación de partidos sin actual presencia parlamentaria, ello además de las iglesias, gremios, colegios profesionales y demás entidades de nuestra sociedad civil.
Otro escenario, aunque reducido, es el Consejo de Estado, limitado por su nombre a los representantes de los diversos Poderes del Estado, que puede ser complementado algunas veces, con la asistencia del Defensor del Pueblo y de los jefes de los diversos organismos públicos que gozan de autonomía, como son el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia entre otros, pero también, de ser el caso, dando cabida a la representación de los Gobiernos Regionales en su conjunto al igual que a la de los Gobiernos Municipales.
Todos tenemos el derecho de pronunciarnos y de reunirnos, pero hagámoslo de tal modo, que no crucemos los límites que impidan en el futuro concertar. La actividad política requiere de la conversación permanente y la búsqueda de acuerdos por lo que hay que desterrar todo tipo de violencia y es fácil violentar las manifestaciones políticas, como cuando hay infiltrados que quieren generar el caos con protervos propósitos. Ya lo vimos en noviembre del año pasado y no debe volver a repetirse nunca más.
