¿Por qué se necesitan Magistrados imparciales e independientes? (VIII)
Por: Iván Pedro Guevara Vásquez
Queda claro que todo proyecto de ley que se relacione con el sistema de justicia debe de ser consensuado previamente a su aprobación como ley al interior del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia para evitar colisiones entre los distintos poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos, porque entre los mismos no solamente se encuentran poderes estatales u organismos públicos con función técnico-constitucional, sino también poderes eminentemente políticos, como son precisamente el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.
Ello significa que ante los poderes políticos (Presidencia de la República y Parlamento Nacional), los poderes y organismos autónomos constitucionales, como por ejemplo el Poder Judicial, el Ministerio Público,
el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia han de realizar una labor de cierta pedagogía jurídica, con la finalidad de cumplir a cabalidad, en primer lugar, con su función técnico-constitucional, así como con el propósito de ilustrar y brindar caminos de armonía, en segundo lugar, teniendo en cuenta que a todos nos concierne el destino de nuestro país como nación, respetando a su vez el Estado Constitucional de Derecho y la forma democrática de gobierno.
El diálogo es consustancial a la democracia, y el mejor mecanismo de entendimiento entre los seres humanos y los pueblos, por lo que en el Consejo de Reforma para el Sistema de Justicia ha de primar el diálogo y no solamente la mera exposición de cada punto de vista.
Que la verdad no se imponga, sino que se comparta, y para que la verdad se comparta es fundamental el diálogo sincero, en donde cada entidad del Estado ha de plantear sus inquietudes sobre el sistema de justicia, sus instituciones, su realidad situacional, etc.
Que el diálogo sea realizado bajo la inspiración del método mayéutico de un Sócrates que lograba el milagro en las personas de encontrar las razones de la verdad dentro de sí mismas, cuando dejaban de cerrar las puertas a la verdad y abrían su ser hacia la luz del conocimiento.
Lo mismo aplica por cierto a otras instituciones de coordinación, como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), en donde también están presentes los principales poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos -como por ejemplo la Junta Nacional de Justicia-, además de ciertas instituciones de la sociedad civil.
No está demás decir que, dada la brevedad de la vida, debemos de dejar
las respectivas huellas contributivas en el camino.