Hay un fenómeno pernicioso que se ha acentuado en las últimas décadas y que está socavando la institucionalidad democrática, actuando como un obstáculo de la estabilidad política, económica y social, así como en la lucha contra el desempleo, la búsqueda de niveles aceptables de seguridad ciudadana y lograr salud y educación para todos. Se trata de un binomio: la politización de la justicia y judicialización de la política, que han trastocado el funcionamiento de los poderes del Estado.
Entendemos por politización de la justicia a la incidencia de los actores políticos no solo en los procesos judiciales, sino también en los procedimientos y mecanismos de los nombramientos, ratificación o sanción de jueces y fiscales. Su objetivo es formar una camarilla de funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público que esté al servicio de determinado grupo político o línea ideológica.
En la judicialización de la política, que es complementaria a la anterior, el ejercicio de la justicia se desnaturaliza, pues a quienes incurren en ella ya no les importa vencer limpiamente con argumentos y/o votos a sus contendores, sino que su mejor arma es paralizarlos a través del desprestigio y el daño de la imagen personal con acusaciones difamatorias y falsas denuncias que pueden llevar a alguien hasta la prisión pese a ser inocente.
La politización de la justicia y judicialización de la política confluyen en el lafwawe, un término que nace de la fusión de law (ley en inglés) y warfare (guerra), que no es sino una expresión de origen militar que, desde finales del siglo XX, se ha venido utilizando para referirse al uso abusivo de la justicia con la finalidad de perjudicar o anular a un oponente.
En estas prácticas, la lucha por el poder desnaturaliza la justicia, pues no importa si una investigación tiene sustento y se justifica, ya que lo prioritario es utilizar los argumentos legales y los medios de comunicación para destruir al adversario político.
Así, la politización de la justicia y la judicialización de la política dañan la democracia y el Estado de derecho, pues las personas dejan de ser iguales ante la ley y se anula la imparcialidad, ya de que todo depende de qué fiscal investiga o qué juez tendrá a cargo determinado caso.
En los últimos años notamos que este binomio, la politización de la justicia y la judicialización de la política, se da en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso de la República con consecuencias lamentable. El país no avanza, todo se condiciona o se amaña. Y la población, especialmente la más pobre, paga las consecuencias. Mañana continuamos.Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
